Osvaldo Jaldo anunció que las próximas elecciones provinciales se realizarán el 9 de mayo de 2027. La confirmación oficial trae consigo otra realidad: la reforma electoral que se había prometido y que nunca se aprobó. Una postergación que fue criticada por los legisladores opositores, pero justificada por los oficialistas.
La confirmación oficial del 9 de mayo de 2027 como fecha para las próximas elecciones provinciales en Tucumán destapó un fuerte debate político en la Legislatura. La decisión de fijar el cronograma electoral vino acompañada de la constatación de que la postergada reforma política prometida por el oficialismo no se concretará, generando un contrapunto directo entre las acusaciones de la oposición y la defensa del peronismo.
Promesas caídas y cuestionamientos al sistema vigente
Desde los bloques opositores, la falta de cambios en el sistema electoral fue calificada duramente como un «engaño» y una «mentira». Dirigentes como Ricardo Bussi, José Seleme, Manuel Courel y José Macome coincidieron en señalar que la persistencia del sistema actual —con sus tradicionales acoples— responde al temor oficial a competir bajo reglas transparentes y a la conveniencia de sostener estructuras de punteros políticos. Por su parte, Claudio Viña cuestionó que se vuelva a un escenario de «cuarto oscuro sucio» con filas interminables y boletas costosas, reprochando además que se haya descolocado al propio vicegobernador tras múltiples mesas de diálogo infructuosas.
Los argumentos del oficialismo y el factor de la transición
En la vereda enfrente, legisladores del bloque justicialista justificaron la postergación argumentando una genuina «falta de consenso» transversal para avanzar en cambios profundos como la boleta electrónica o la limitación de los acoples —medida esta última que requeriría una reforma constitucional según advirtió Gabriel Yedlin. Pese a destacar la incorporación de la Ficha Limpia, las opiniones dentro del peronismo mostraron matices, ya que mientras algunos reconocieron que se deben seguir buscando herramientas para mejorar el sistema con partidos políticos, otros como Luis Alberto Olea defendieron la continuidad del modelo al considerarlo funcional («si este modelo nos dio buenos resultados, ¿para qué cambiar?»).
Asimismo, la fecha elegida (9 de mayo) también encendió la polémica por el extenso período de transición de seis meses entre los comicios y la asunción de las nuevas autoridades, un plazo calificado por la oposición como una «irresponsabilidad», mientras que el oficialismo respaldó la medida amparándose en las facultades constitucionales del gobernador y en la conveniencia de separar los debates provinciales de la agenda nacional.
Acerca del autor
