Mediante un decreto oficial, la Provincia aseguró los fondos para el pago de sueldos municipales hasta diciembre, exigiendo congelamiento de plantas de personal y la suspensión de litigios judiciales.
El Gobierno de Osvaldo Jaldo formalizó la continuidad del Pacto Social durante el segundo semestre de 2026 para un total de 11 municipios tucumanos, un esquema de asistencia financiera reintegrable destinado principalmente a garantizar el pago mensual de los sueldos de los empleados municipales.
La medida, establecida por el Decreto N° 1.691/3 (MEyP), tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre e impone estrictas exigencias de disciplina fiscal a cambio de los fondos provinciales.
El convenio alcanza a las intendencias de Aguilares, Alderetes, Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Bella Vista, Famaillá, Juan Bautista Alberdi, San Isidro de Lules, Monteros, Tafí del Valle y Yerba Buena. En contrapartida por el dinero recibido —el cual no devengará intereses y será depositado a través del Fondo Fiduciario Municipal administrado por la Caja Popular de Ahorros—, los jefes comunales deberán resignar y ceder la totalidad de sus recursos de Coparticipación Federal y del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) para respaldar y cubrir las deudas contraídas con el Estado provincial.
Asimismo, el acuerdo fija rigurosas contrapartidas fiscales: los municipios se comprometen a reducir su gasto total, optimizar la recaudación tributaria junto a la Dirección General de Rentas, abstenerse de tomar créditos sin autorización del Poder Ejecutivo y mantener congelada su planta de personal (no incrementar la planilla salarial ni realizar modificaciones sin el visto bueno del Ministerio del Interior).
Adicionalmente, las administraciones locales deberán desistir de cualquier demanda judicial contra la Provincia en un plazo de 45 días hábiles. Por otro lado, al margen de este pacto quedaron los municipios de San Miguel de Tucumán, Concepción, Graneros, Las Talitas, Simoca, Burruyacu, Trancas y La Cocha, conservando plena autonomía financiera.
