La cámara empresaria advirtió que el ritmo de litigiosidad se mantiene en niveles elevados y supera por amplio margen los índices de la región.
La litigiosidad laboral vinculada al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) continúa en niveles elevados en la Argentina. Según informó la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante los primeros siete meses del año se acumularon 72.525 nuevas demandas en todo el país, y se proyecta que el año 2026 cierre con cerca de 138.000 nuevos juicios.
De acuerdo con el relevamiento de la entidad, el ritmo de ingresos se mantiene por encima de las 11.000 demandas mensuales, consolidando una tendencia de crecimiento frente a los registros del año anterior. Si bien en julio se registró una leve desaceleración mensual debido al efecto estacional de la feria judicial, la litigiosidad acumulada en los últimos 12 meses ya roza las 135.400 notificaciones.
Santa Fe, en el foco de la conflictividad
Aunque el fenómeno se extiende a nivel nacional, el informe advierte sobre una situación particularmente crítica en Santa Fe, que en julio registró 1.525 nuevas demandas (un 20,7% más que en el mismo mes de 2025) y superó a la Ciudad de Buenos Aires. Con 12.150 juicios acumulados en el año y un incremento interanual del 18%, la provincia presenta una tasa de litigiosidad proyectada de 349 juicios cada 10.000 trabajadores, superando ampliamente el promedio nacional de 138.
Reclamos del sector y un fallo favorable de la Corte
Desde la UART remarcan que la cantidad de juicios en la Argentina supera ampliamente los niveles de otros países (23 veces los de Chile y 16 veces los de España), generando preocupación por la previsibilidad del sistema que actualmente cubre a más de 10 millones de trabajadores.
En este escenario, el sector destacó un reciente fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Pagani, Sergio Leandro Emanuel c/ Provincia ART S.A.”, en el que el máximo tribunal revocó una sentencia que había elevado un monto indemnizatorio sin que el trabajador lo hubiera apelado. Para la cámara empresaria, este precedente y la aplicación de la Ley de Modernización Laboral marcan señales importantes para limitar criterios judiciales adversos, aunque insisten en que aún se requieren respuestas estructurales de los tribunales laborales.
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