La tensión entre la cooperación con el Gobierno nacional y la exigencia de unidad opositora atraviesa el futuro político de los gobernadores del norte grande.
La Corte Suprema se prepara para resolver un litigio constitucional originado en Formosa que podría tener repercusiones políticas directas a cientos de kilómetros de esa provincia, convirtiendo al máximo tribunal en un árbitro involuntario de la interna del peronismo de cara a 2027. La discusión afecta de lleno las aspiraciones de continuidad de gobernadores de extracción peronista que han mantenido una relación de cooperación con la administración de Javier Milei, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y el mandatario tucumano Osvaldo Jaldo.
El trasfondo legal se remonta al fallo dictado por el tribunal en diciembre de 2024, el cual declaró inconstitucional la reelección indefinida en Formosa y obligó a la provincia a reformar su Constitución para establecer un límite de dos períodos consecutivos. Sin embargo, la posterior incorporación de una cláusula transitoria que pretendía computar el mandato en curso como el primero de la nueva normativa desató una nueva demanda impulsada por la oposición. Si bien los límites jurídicos del expediente son precisos y una eventual sentencia contra Gildo Insfrán no inhabilitará de manera automática a otros gobernadores con normativas provinciales distintas, una interpretación restrictiva por parte de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti generará inevitables ecos políticos en todo el país.
El escenario particular de Osvaldo Jaldo en Tucumán
En el caso de Tucumán, la controversia adquiere matices jurídicos propios vinculados al recorrido institucional de Osvaldo Jaldo. Antes de asumir formalmente como gobernador electo, Jaldo quedó interinamente al frente del Poder Ejecutivo provincial a partir de septiembre de 2021 —momento en que Juan Manzur dejó el cargo para desempeñarse como jefe de Gabinete nacional— hasta febrero de 2023, fecha en la que Manzur retuvo la titularidad del ejecutivo local previo a los comicios donde Jaldo se impuso al frente de la fórmula oficialista.
Los registros institucionales provinciales diferencian claramente ambos períodos, registrando a Jaldo como vicegobernador en ejercicio del Ejecutivo durante su interinato y como gobernador constitucional desde 2023. No obstante, adversarios internos podrían intentar computar aquel lapso para limitar sus aspiraciones de reelección en 2027. Esta discusión legal se superpone directamente con la puja política: mientras Manzur ocupa una banca en el Senado y se alinea con los sectores que promueven una oposición frontal a la Casa Rosada, Jaldo optó por una estrategia explícita de diálogo y cooperación legislativa con el oficialismo nacional, profundizando las diferencias en la conducción del peronismo tucumano.
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