Mientras el Gobierno profundiza el ajuste y prioriza el área de Transporte, Tucumán figura entre los principales receptores de fondos discrecionales, aunque rechazó el traspaso de rutas nacionales.
La política de reducción del gasto en infraestructura implementada por la gestión de Javier Milei profundizó su ajuste durante los primeros siete meses de 2026, acumulando una caída real del 10% en los gastos de capital. Un informe de la consultora LCG detalla que el gasto de capital se redujo drásticamente al 2,5% del gasto primario total —muy lejos del 7,5% registrado entre 2021 y 2023— y representa apenas el 0,4% del PBI. En este escenario de fuerte restricción, la Nación reconfiguró su esquema de transferencias y concentró el 70% de los recursos enviados a las provincias en apenas cuatro distritos gobernados por mandatarios dialoguistas: Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis.
En el caso específico de Tucumán, los fondos nacionales se destinaron principalmente a obras de transporte de energía eléctrica y a la repavimentación de la calzada de la Ruta Nacional N°7, por un monto aproximado de $11.682 millones. No obstante, la distribución federal registró marcadas asimetrías, dejando a otras jurisdicciones como Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan, Chubut, Córdoba y Misiones sin recibir transferencias de capital en lo que va del año. A su vez, la Nación redujo un 38% real la obra pública ejecutada de forma directa, priorizando el área de Transporte con epicentro en la provincia de Buenos Aires.
Ante el repliegue de los fondos nacionales, el Gobierno nacional profundiza una nueva estrategia orientada a ceder la administración y el mantenimiento de rutas a las provincias para su posterior concesión privada mediante peajes. Mientras distritos como Santa Fe, San Juan, San Luis y Río Negro ya firmaron convenios en el marco de la Red Federal de Concesiones, Tucumán optó por rechazar el traspaso de rutas, marcando matices en la relación con la Rosada frente a un modelo que busca reemplazar la obra pública tradicional por la participación del sector privado.
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