La Cámara alta del Congreso convirtió en ley una nueva norma sobre discapacidad destinada a reemplazar el régimen de emergencia en el sector, cuya vigencia concluye a fin de año. La iniciativa cosechó 71 votos positivos y ningún rechazo, conservando los principales puntos consensuados previamente en Diputados —donde alcanzó más de dos tercios—, entre ellos la vigencia de la pensión no contributiva, su movilidad por inflación, el nomenclador universal y el arancel unificado.
El texto aprobado establece que las pensiones por discapacidad serán compatibles con ingresos laborales registrados de hasta dos salarios mínimos, fija el monto del beneficio en el 70% de un haber jubilatorio mínimo y resguarda el nomenclador que determina los aranceles de terapias, acompañamiento y prestaciones especializadas.
La aprobación configura un nuevo foco de tensión institucional para el Gobierno de Javier Milei, que objetó el costo presupuestario de la medida y propuso cambios para acotar el gasto público en el área. Frente a la posibilidad de un veto del Poder Ejecutivo, la Casa Rosada enfrenta un panorama adverso debido a las amplias mayorías con las que cuenta el proyecto en ambas cámaras.
Adhesión a patentes, propiedad privada y temario para el jueves 26
El orden del día de la sesión contempló también la incorporación de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un convenio internacional diseñado para unificar solicitudes de protección de invenciones en múltiples países. La iniciativa regresó de Diputados con una reserva sobre el capítulo II —estableciendo que los informes preliminares internacionales no serán vinculantes para el INPI— y motiva reparos de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), que alerta sobre eventuales demoras en la salida de medicamentos genéricos y subas de precios por extensiones de patentes.
Otro eje tratado fue la modificación del régimen de propiedad privada, proyecto que debió ser reformulado durante su paso legislativo para mantener en pie la Ley de Tierras Rurales de 2011. La redacción incorpora mayores exigencias para declarar la utilidad pública en expropiaciones, indemnizaciones previas a valor de mercado, plazos más ágiles para desalojos judiciales y cambios registrales.
Finalmente, tras un planteo de sectores opositores para adelantar la discusión sobre prevención de la ludopatía y apuestas online —proyecto con media sanción que restringe la publicidad del juego en redes, medios y clubes deportivos—, el cuerpo acordó incluir esa iniciativa junto con la prórroga por un año del Estatuto del Periodista Profesional (cuyo vencimiento rige para febrero de 2027) en la sesión convocada para el jueves 26 de noviembre, cerrando una agenda parlamentaria de intensa negociación política.
