El legislador Tomás Cobos impulsa una iniciativa para transformar miles de autos y motos acumulados en depósitos estatales en unidades operativas para comunas, escuelas y centros de salud. El proyecto combina capacitación técnica, reinserción social y un sistema de control digital basado en códigos QR para garantizar la transparencia.
Un nuevo «Régimen Provincial de Afectación Social»
El proyecto, actualmente bajo análisis en las comisiones de Seguridad, Justicia y Legislación General, busca resolver la histórica problemática de saturación en las playas de secuestro. La propuesta es crear el «Régimen Provincial de Afectación Social de Vehículos Secuestrados No Reclamados», permitiendo que unidades que no han sido reclamadas por sus dueños en un plazo de dos años —y que no posean trabas judiciales— sean reasignadas para el bien público.
Pilares de la iniciativa:
- Utilidad Pública: Los vehículos serán destinados a CAPS, Centros Integradores Comunitarios (CIC), municipios y comunas rurales para mejorar el traslado de pacientes y el fortalecimiento de servicios sanitarios.
- Talleres Sociales de Recuperación: La reparación de las unidades no será solo un trámite administrativo; se convertirá en un espacio de formación. Participarán escuelas técnicas, internos en regímenes de reinserción social y cooperativas de trabajo, promoviendo la adquisición de oficios y oportunidades laborales.
- Tecnología y Transparencia: Se implementará un Sistema Digital de Trazabilidad de acceso público. Cada vehículo contará con un código QR que permitirá a cualquier ciudadano consultar el origen, estado, historial de mantenimiento y el organismo responsable de su uso.
- Prohibición de venta: La norma establece que los bienes solo pueden ser afectados al interés público, prohibiendo explícitamente cualquier tipo de venta o transferencia a particulares.
Transformar pasivos en activos
El legislador Cobos argumenta que la situación actual es insostenible: mientras miles de unidades se deterioran en depósitos generando costos de custodia y riesgos ambientales, muchas instituciones del interior provincial carecen de movilidad básica.
«Cada vehículo recuperado representa un ahorro potencial para el Estado, que evita nuevas adquisiciones y reduce los costos de almacenamiento», sostiene el texto del proyecto.
Innovación y control social
El punto más distintivo del proyecto es la integración de la tecnología QR. Al democratizar el acceso a la información del parque automotor recuperado, el Estado busca convertir la gestión de estos bienes en un mecanismo de transparencia institucional, permitiendo que la sociedad civil actúe como un ente de control sobre el destino de los recursos recuperados.
Esta política no solo promete un alivio administrativo para las playas de secuestro, sino que plantea un modelo de economía circular aplicada a la gestión pública, donde el descarte se reconvierte en una herramienta activa para el desarrollo comunitario y la inclusión educativa.
Acerca del autor
