El oficialismo se prepara para una sesión decisiva este jueves, donde intentará sancionar una normativa que redefine el derecho de propiedad, agiliza desalojos y flexibiliza la venta de tierras a extranjeros. La clave del debate reside en la autonomía provincial frente a la figura del «silencio administrativo» como autorización, un punto que mantiene en vilo la definición de los votos.
Los ejes centrales de la reforma
El proyecto, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, busca modificar profundamente el paradigma legal argentino en relación con la tenencia y gestión de inmuebles. Los cinco pilares del texto son:
- Expropiaciones: Reforma de la Ley 21.499 para restringir el concepto de «utilidad pública» y actualizar las indemnizaciones según el IPC, buscando proteger al privado frente al Estado.
- Desalojos exprés: Cambio de modalidad de juicio: de ordinario a sumarísimo. El objetivo es pasar de procesos de años a resoluciones en meses ante ocupaciones ilegales.
- Ley de Tierras Rurales: Eliminación de restricciones para extranjeros privados para atraer capitales, manteniendo prohibiciones para empresas estatales foráneas, salvo visto bueno conjunto de la provincia y la Nación.
- Ley de Fuego: Derogación de las restricciones de uso sobre tierras quemadas, eliminando penalidades que, según el oficialismo, castigan injustamente al productor afectado.
- Modernización: Creación de una Ventanilla Única Federal para el registro de inmuebles con el fin de digitalizar y agilizar trámites, respetando las competencias provinciales.
La tensión política: «Silencio administrativo» y autonomías
El punto de mayor conflicto es el silencio administrativo: la cláusula que establece que, si el Estado nacional o provincial no responde a una solicitud de adquisición de tierras en un plazo determinado, se considerará aprobada automáticamente.
Esta propuesta ha generado resistencia entre legisladores dialoguistas y representantes de provincias, quienes temen que se debilite el control estatal sobre recursos estratégicos. La interpretación de esta inacción como «autorización de pleno derecho» es el principal escollo que el oficialismo intenta salvar a contrarreloj.
Un trámite legislativo bajo presión
La negociación ha sido inusualmente volátil, con al menos 13 borradores distintos circulando tras el dictamen de comisión. Este manejo ha despertado críticas por parte de asesores y legisladores sobre la falta de rigurosidad técnica.
Mientras la Casa Rosada insiste en la necesidad de esta ley como símbolo de su defensa a la «inviolabilidad de la propiedad privada», la oposición señala que el proyecto representa una apertura peligrosa a la extranjerización de la tierra. Con un conteo de votos ajustado, el resultado de la sesión de este jueves será determinante para la hoja de ruta económica del Ejecutivo.
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