La crisis de la infraestructura vial en Argentina no es un problema aislado de baches y asfalto roto; es el punto de fricción donde chocan de manera implacable el rigor fiscal extremo del Gobierno nacional y las necesidades materiales de las provincias. Analizar este fenómeno en profundidad exige entender que estamos ante una reconfiguración forzosa del Estado federal, operada a través de la escasez de recursos y la transferencia de responsabilidades.
1. La lógica de la motosierra y el falso ahorro
El informe técnico que circula entre los despachos provinciales expone una paradoja económica insostenible: el achique presupuestario actual multiplica el gasto futuro. * Mientras que el mantenimiento rutinario de un kilómetro de ruta oscila entre los USD 15.000 y USD 40.000, una reconstrucción total tras el colapso de la calzada trepa hasta los USD 1,3 millones y 3,5 millones.
- Dejar de invertir no es ahorrar, sino trasladar el pasivo al mediano plazo y multiplicar por diez el costo de intervención.
Sin embargo, durante 2024 y 2025, la administración libertaria subejecutó más de la mitad de los recursos asignados a Vialidad Nacional, desfinanciando una red en la que dos tercios de los pavimentos presentan fallas graves o se encuentran directamente intransitables.
2. La descentralización por inanición: el «Modelo Santa Fe»
Ante la negativa de la Nación a invertir, el Ejecutivo nacional inauguró un esquema de transferencia de corredores (como el firmado con Maximiliano Pullaro en la A012, o los proyectados en Río Negro con las rutas 151 y 22). En los hechos, esto opera como una desfederalización encubierta:
- La Casa Rosada conserva la jurisdicción formal y el dominio jurídico del corredor, mientras que los distritos heredan la traza deteriorada, los costos de reparación y la responsabilidad política ante los siniestros.
- Los gobernadores aceptan el traspaso no por convicción ideológica, sino por supervivencia logística: por la A012 o por las rutas del sur patagónico circulan las exportaciones agroindustriales e hidrocarburíferas que sostienen el ingreso de divisas del país. Asumen «de la suya» porque los ciudadanos no distinguen entre jurisdicciones nacionales o provinciales a la hora de reclamar por un neumático roto o una vida perdida.
3. La moneda de cambio: votos, PASO y coparticipación
Este colapso de la infraestructura coincide cronológicamente con la necesidad de la Casa Rosada de tejer acuerdos legislativos para concretar su principal ambición electoral del período: eliminar las PASO de 2027 y debilitar las herramientas de cohesión opositora.
Pero la billetera está seca. Con una pérdida de fondos para las provincias que superó los $2,2 billones en el primer semestre de 2026 (impulsada por la Decisión Administrativa 20/26 de Luis Caputo), el Gobierno se quedó sin chequera para seducir a los mandatarios aliados o dialoguistas. El resultado es un toma y daca permanente gestionado por la jefatura de gabinete: votos en el Congreso a cambio de adelantos de coparticipación, plantas potabilizadoras o cesiones de rutas.
4. El límite cultural del relato
El trasfondo de esta pulseada revela una contradicción sociológica profunda. Mientras el relato oficial celebra el superávit fiscal y el repliegue del Estado, las mediciones de opinión pública —como el estudio de las consultoras Alaska y TresPuntoZero citado en el informe— demuestran que el 72% de la población rechaza la suspensión de la obra pública y el 70% considera que el Estado debe mantener un rol activo.
La sociedad argentina puede convalidar el ordenamiento macroeconómico y la lucha contra los privilegios de la casta, pero encuentra un límite infranqueable en la vida cotidiana: la negativa a aceptar que el equilibrio fiscal dependa de arriesgar la vida esquivando cráteres en rutas que conectan el aparato productivo del país. La gran incógnita de esta etapa es si la macroeconomía podrá consolidarse de manera sostenible mientras la infraestructura física sobre la que se apoya continúa desmoronándose kilómetro a kilómetro.
Acerca del autor
