Durante un encuentro en Panamá de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, instó a los países socios a apartarse del tribunal de La Haya por considerarlo un peligro para la soberanía.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, pidió “encarecidamente” a la Argentina y a los demás socios que integran la Coalición de las Américas contra los Cárteles abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), bajo el argumento de que el organismo representa un “peligro” para la soberanía nacional.
La exigencia fue formulada durante un encuentro en Panamá de la alianza antidrogas —también conocida como Escudo de las Américas e impulsada por la administración de Donald Trump—, de la cual la Argentina forma parte junto a otros 18 países de la región.
La embestida contra el tribunal de La Haya
Durante su exposición, el jefe del Pentágono calificó a la CPI como una “amenaza” e instó formalmente a los gobiernos aliados a apartarse de la institución con sede en La Haya.
“La izquierda internacional, junto con sus cómplices en los medios de izquierda, está conspirando para intentar imponer de manera ilegal la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre el personal y las operaciones militares de los Estados Unidos y de nuestros socios”, advirtió Hegseth.
El funcionario estadounidense sostuvo que no existe una base legítima para que el tribunal pretenda “acaparar poder” y cuestionó que el organismo globalista presuntamente socave los esfuerzos de seguridad en lugar de responsabilizar a “verdaderos terroristas y tiranos”.
El trasfondo de los operativos antidrogas y las tensiones jurídicas
La presión de Washington se da en el marco de la estrategia de la Casa Blanca contra el narcotráfico en el hemisferio occidental, que incluye bombardeos contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico. Estas acciones militares han acumulado cuestionamientos y denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos y juristas internacionales, quienes califican dichas muertes como ejecuciones extrajudiciales, un tipo de delito bajo la órbita de investigación de la CPI.
En contrapartida, Estados Unidos —que al igual que potencias como Rusia e Israel no reconoce la jurisdicción del tribunal instituido por el Estatuto de Roma— ha avanzado con sanciones financieras y restricciones de viaje contra jueces y fiscales de la corte debido a investigaciones previas sobre sus aliados.
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