Tras las acusaciones de Diego Santilli y Patricia Bullrich contra Axel Kicillof, el ministro Javier Alonso tildó al oficialismo nacional de inoperante y exigió recursos e infraestructura.
La tensión institucional y política entre la Casa Rosada y la administración de Axel Kicillof escaló de manera abrupta luego de que la jueza de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, dictara un fallo que frena la aplicación de la nueva ley que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años. La resolución judicial provocó una reacción inmediata en el seno del oficialismo nacional. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuestionó públicamente el supuesto «silencio» del gobernador bonaerense ante el revés judicial y lo acusó de colocarse «del lado del delincuente, nunca de la víctima», una postura respaldada en idénticos términos por la senadora Patricia Bullrich, quien apuntó directamente contra la existencia de una «Justicia garantista» en el distrito provincial.
La réplica de Javier Alonso: reclamo de fondos y defensa de la división de poderes
Las descalificaciones oficiales motivaron una enérgica respuesta por parte del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. A través de sus redes sociales, el funcionario provincial rechazó los agravios y devolvió el golpe exigiendo al Ejecutivo nacional la devolución de los recursos retenidos a la provincia. “Ministro, concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”, le espetó Alonso a Santilli, añadiendo que una medida de esta magnitud resulta impracticable sin una reestructuración presupuestaria de fondo.
En la misma línea argumental, el titular de la cartera de Seguridad desestimó el alcance real de la iniciativa oficialista al calificarla como «un eslogan de campaña» y «una modificación en los papeles». Alonso cuestionó duramente la viabilidad práctica de la norma al plantear interrogantes sobre la ausencia de nuevos juzgados, fiscalías especializadas, centros de reclusión acordes y personal capacitado. Asimismo, el ministro cuestionó el accionar del gobierno libertario al señalar la incongruencia de responsabilizar al Ejecutivo provincial por una resolución dictada por el Poder Judicial, interpelando a los funcionarios nacionales sobre si la indignación virtual constituye el único recurso de su gestión: «¿No estamos en una República acaso? O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer», sentenció.
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