En una resolución dictada este viernes, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvió el sobreseimiento de Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros nueve imputados en la causa donde se investigaba la presunta estafa vinculada al token $Libra. La medida judicial, respaldada por un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, dictaminó la inexistencia de delito al considerar que los hechos investigados «no encuadran en una figura legal».
El expediente examinaba los sucesos desencadenados el 14 de febrero de 2025, cuando el Presidente difundió en su cuenta personal de la red social X el contrato del proyecto «Viva la Libertad Project». Tras la publicación, el activo registró un fuerte incremento en su valor antes de experimentar una brusca caída —maniobra conocida en el ámbito financiero como rug pull— que habría provocado pérdidas a inversores y el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares por parte de un reducido grupo de tenedores.
Fundamentos del fallo y cruces políticos
En su resolución, el magistrado sostuvo que la secuencia de promoción y posterior devaluación no reúne los elementos normativos requeridos para configurar una estafa. Según el fallo, la investigación no acreditó la existencia de una maniobra engañosa concreta ni afirmaciones falsas específicas que indujeran al error a los adquirentes, señalando además que las operaciones con memecoins se encuadran en mercados de alta volatilidad.
Respecto del Presidente y la Secretaria General de la Presidencia, el juez descartó los delitos de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias, fundamentándose en informes de la Secretaría Legal y Técnica y de la Oficina Anticorrupción que ratificaron el carácter personal del mensaje emitido y la ausencia de actuaciones o recursos estatales involucrados.
El fallo se conoció en un contexto cruzado por cuestionamientos de la oposición y de sectores querellantes —cuyos recursos de queja se encuentran pendientes en la Cámara Federal de Casación— que señalaron la reciente designación de la esposa del juez, Ana María Cristina Juan, al frente de una magistratura promovida por el Poder Ejecutivo. Por su parte, tanto el Jefe de Estado como la Secretaria General celebraron públicamente la resolución judicial, cuestionando duramente a los sectores políticos y periodísticos que impulsaron la denuncia durante los últimos veinte meses.
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