Radiografía de una fragilidad: el rebote proyectado para 2026 y la encrucijada del presupuesto nacional.
El reciente informe de UNICEF Argentina sobre Pobreza Monetaria y privaciones vinculadas a niñas y niños arroja una conclusión inquietante: la recuperación observada durante 2025 ha mostrado ser un fenómeno volátil, incapaz de consolidarse frente a la persistente crisis económica. Tras haber logrado reducir el índice de pobreza infantil del 52,7% al 42,3% en el segundo semestre del año pasado, las proyecciones para el primer semestre de 2026 anticipan un rebote que elevaría la cifra al 44,4%, situando a la indigencia en un alarmante 10,8%.
Este escenario no es casual, sino el reflejo de una vulnerabilidad que atraviesa las estructuras familiares más desprotegidas. El informe identifica con precisión quirúrgica dónde golpea la crisis: en hogares monomarentales —donde la pobreza trepa al 52,8%—, en familias con clima educativo muy bajo y en sectores donde el desempleo es la norma. La protección estatal, materializada en herramientas como la AUH y la Prestación Alimentar, actúa como el último dique de contención: sin este sostén estatal, la indigencia infantil sería 6 puntos porcentuales más alta, lo que subraya el rol crítico del gasto social en la estabilidad del piso alimentario.
La amenaza más severa, sin embargo, reside en el ahogo financiero proyectado para el resto del año. Tras una caída en la ejecución presupuestaria del 6% real durante los primeros cuatro meses, la estimación de una contracción del 16% en el financiamiento nacional destinado a la niñez al cierre de 2026 enciende todas las alarmas. Si bien la movilidad automática de las prestaciones y los recientes refuerzos presupuestarios podrían moderar la caída, la realidad es que el bienestar de las infancias está siendo sacrificado en el altar del ajuste fiscal.
Más allá de los indicadores monetarios, el impacto es estructural: 7 de cada 10 hogares con niños han tenido que recurrir al endeudamiento o a la venta de activos para cubrir gastos básicos. La persistencia de privaciones no monetarias —falta de agua potable, saneamiento y vivienda digna— en el 42,8% de los menores confirma que la pobreza en Argentina no se soluciona únicamente con ingresos. El desafío de mediano plazo para el Estado nacional es transformar estas transferencias temporales en políticas sectoriales que ataquen la raíz de la desigualdad, evitando que la recesión termine por consolidar una generación marcada por la falta de oportunidades y la precariedad habitacional.
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