Aunque las estadísticas monetarias muestran una desaceleración en la tasa de pobreza, la realidad social en Tucumán y el país revela una brecha cada vez más profunda: la exclusión ya no es solo cuestión de dinero, sino de falta de derechos básicos, empleo registrado y protección institucional.
La baja en la pobreza medida por ingresos —fenómeno que diversos analistas atribuyen más a una distorsión en la relación de precios relativos que a una mejora real en la calidad de vida— oculta una fragilidad estructural que se ha consolidado en los últimos años. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), las privaciones en dimensiones críticas como alimentación, salud y trabajo persisten con una intensidad alarmante. La recuperación de la macroeconomía, hasta el momento, no se ha traducido en un fortalecimiento de los funcionamientos y capacidades básicas de la población.
En nuestra provincia, los datos son el reflejo de esta fractura: el 30,8% de los habitantes del Gran Tucumán-Tafí Viejo vive bajo la línea de pobreza, pero lo más preocupante es la precariedad laboral que subyace a estas cifras. Casi la mitad de los asalariados —un 49,4%— se encuentra en la informalidad, un sector que crece sin acceso a seguridad social ni aportes jubilatorios. Esta segmentación no solo afecta a los trabajadores, sino que condena a generaciones enteras a una vulnerabilidad de la que resulta casi imposible escapar sin mecanismos de contención estatal.
La distancia entre los ingresos y el costo de vida es la evidencia más cruda de esta crisis. En mayo de 2026, un hogar tipo en Tucumán necesitó $ 1.258.446 para no ser pobre y $ 628.762 para evitar la indigencia. En contrapartida, el Salario Mínimo, Vital y Móvil ($ 363.000) no llega a cubrir ni siquiera la mitad del mes de alimentación básica para una familia tipo, confirmando que el trabajo, por sí solo, ha dejado de ser una garantía de acceso a la canasta básica.
El modelo de desarrollo actual se enfrenta a una paradoja difícil de resolver: el crecimiento sin inclusión. Mientras el mercado de trabajo se fragmenta y los mecanismos institucionales de protección se debilitan, el «fantasma de la pobreza» deja de ser una coyuntura para convertirse en un estado persistente. Como advierten los investigadores de la UCA, las deudas sociales pendientes van mucho más allá de una cifra en el INDEC; tienen que ver con la capacidad de ofrecer un futuro donde la equidad y el desarrollo sean, finalmente, algo más que una promesa estadística.
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