Con una mayor demanda de dólares y un mercado más cauto frente a los plazos largos, el Gobierno busca alternativas para renovar la deuda en pesos.
En medio de una creciente presión cambiaria y un escenario marcado por una mayor dolarización de carteras, todas las miradas de la plaza financiera apuntan esta semana a la desafiante licitación de bonos que el Tesoro llevará a cabo mañana. El dato que genera mayor preocupación entre los inversores es que los vencimientos de deuda alcanzan la imponente cifra de $13,9 billones, un compromiso financiero de gran magnitud que obligará al Gobierno a estructurar un menú de opciones muy amplio y atractivo con el objetivo de refinanciar la totalidad o, al menos, una proporción significativa de los pasivos que debe salir a cancelar.
El contexto macroeconómico para llevar adelante esta operación no está exento de complicaciones, destacándose en particular la presión sobre el tipo de cambio que se ha venido intensificando de manera sostenida durante las últimas ruedas cambiarias. En este sentido, el dólar mayorista logró superar recientemente y por primera vez la barrera psicológica de los $1.500, mientras que la cotización minorista cerró en la zona de los $1.530 pesos. Esta mayor propensión a la dolarización por parte de los agentes económicos también se reflejó con claridad en el segmento del contado con liquidación, una operatoria fundamental utilizada habitualmente por las empresas para girar divisas al exterior a partir de posiciones en moneda local, y que al operar libremente sin la intervención directa del Tesoro refleja con total transparencia la dinámica real de los flujos monetarios de entrada y salida de dólares a través del mercado de bonos.
Por su parte, el Banco Central mostró una capacidad de intervención y acumulación muy acotada, registrando compras diarias mínimas durante el mes de agosto que se ubican muy por debajo de los promedios observados en los meses anteriores. En los principales entidades bancarias reconocen que este comportamiento responde a un incremento sostenido en la demanda minorista de dólares por parte del público a través de los canales digitales, una tendencia a la que se le suma el factor estacional adverso característico de agosto, un período en el cual la liquidación de divisas del sector agropecuario se contrae fuertemente y los ingresos provenientes de las exportaciones energéticas aún no logran compensar de manera holgada esa menor oferta de moneda extranjera en el mercado oficial.
Ante este delicado equilibrio, al Gobierno se le dificulta avanzar con la esperada remonetización de la economía local, un paso considerado clave para reactivar y alentar el nivel de actividad general. Una de las alternativas que se analizan para administrar este escenario consiste precisamente en no renovar el 100% de los vencimientos de deuda de corto plazo, gran parte de ellos nominados en pesos. Informes recientes del sector privado, como el difundido por Adcap Grupo Financiero, advierten que los compromisos por casi $14 billones probablemente demanden un esquema diversificado que podría traducirse en un nivel de refinanciación sensiblemente menor al total, señalando además que en las condiciones actuales el único instrumento con capacidad real de captar demanda relevante a mediano plazo continúan siendo los bonos duales atados a la evolución de la tasa TAMAR o al esquema de dólar linked.
De este modo, el Tesoro se encuentra transitando una prueba de fuego estructurada en torno a dos desafíos fundamentales y complejos. Por un lado, debe procurar captar el mayor nivel de roll over posible de la deuda que vence este miércoles sin convalidar un incremento desmedido o insostenible en las tasas de interés ofrecidas. Pero, de manera simultánea, la operación representa un test determinante respecto a las expectativas de alargar los plazos de colocación y lograr una extensión de los vencimientos, siendo este último aspecto el obstáculo más difícil de sortear en medio del clima de cautela financiera.
Cabe recordar que, durante los meses precedentes, el Palacio de Hacienda había conseguido colocar exitosamente instrumentos en pesos con horizontes de maduración extendidos hacia 2029 y 2030, apoyándose fuertemente en la emisión de bonos duales que garantizaban al inversor percibir al vencimiento el rendimiento mayor entre la tasa de interés fija y la variación oficial del tipo de cambio. Sin embargo, la intensificación de la incertidumbre política y electoral de cara al horizonte institucional obligó en las últimas licitaciones a achicar los plazos de colocación a instrumentos de corto plazo con vencimiento previo a los comicios presidenciales, reduciendo al mismo tiempo de manera sustancial la emisión de títulos nominados en dólares como el Bonar 29.
A pesar de las tensiones latentes en el frente cambiario, el inicio de la semana aportó algunos indicadores algo más tranquilizadores para el humor de los inversores. Por un lado, el riesgo país se mantuvo estable en las inmediaciones de los 500 puntos básicos, mientras que los ADRs de empresas argentinas operadas en las bolsas de Nueva York registraron subas generalizadas de hasta el 8%, traccionadas principalmente por el rendimiento positivo del sector bancario. Asimismo, el mercado recibió con cierto alivio la mejora registrada en el índice de confianza en la gestión gubernamental elaborado por la Universidad Di Tella junto a Poliarquía, el cual marcó un repunte significativo tras la caída previa y devolvió perspectivas favorables al oficialismo, un factor que los operadores consideran indispensable para calmar la volatilidad financiera, al menos en el corto plazo.
