Un informe del INECIP revela que el 49,2% de la población penal permanece en dependencias policiales, mientras advierten que la nueva cárcel de Benjamín Paz resulta insuficiente frente al ritmo de condenas.
Un detallado informe elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) colocó a Tucumán en el segundo lugar del país respecto a la tasa de encierro de personas en dependencias policiales. De acuerdo con las mediciones correspondientes al cierre del período, la provincia contabilizaba un total de 3.431 detenidos, de los cuales 1.689 —equivalentes al 49,2%— se encontraban alojados en comisarías. El estudio advirtió además que el tiempo promedio de permanencia en estas instalaciones alcanza los 448 días, una marca que excede con holgura la media registrada a nivel federal.
Frente a este escenario de alta vulnerabilidad institucional, el documento del INECIP enfatiza la responsabilidad de los jueces penales, señalando que resulta indispensable establecer límites infranqueables en las condiciones de detención para dar cumplimiento a los estándares que exige el derecho internacional. En la misma línea, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas ha manifestado en reiteradas oportunidades que la reclusión prolongada en comisarías y alcaidías constituye una forma de violación a los convenios de prevención vigentes.
El impacto de la política oficial y la dinámica judicial
En el plano local, la principal apuesta de la administración de Osvaldo Jaldo para descomprimir el sistema ha sido la habilitación del complejo penitenciario en Benjamín Paz, eje central de su discurso en materia de seguridad. Sin embargo, las proyecciones técnicas expuestas por Fernando Korstanje, representante de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, desestiman que esta infraestructura baste para solucionar estructuralmente el problema. Según explicó, la velocidad con la que opera la Justicia genera un desfasaje crítico: el sistema dicta un promedio de seis condenas diarias, mientras que apenas una persona recupera su libertad por cumplimiento de pena en el mismo lapso, generando un déficit constante de cinco nuevos cupos por día que saturan de inmediato las comisarías de la región.
Asimismo, desde el organismo cuestionaron la repercusión mediática de los traslados hacia el nuevo establecimiento carcelario, catalogándolos como una sobreactuación propagandística que busca mostrar vaciamientos temporarios en las seccionales que rápidamente vuelven a poblarse. Para los especialistas, la sobrecarga operativa de las dependencias policiales no solo profundiza las condiciones de hacinamiento y desprotección para los internos, sino que evidencia un cuello de botella sistémico que requiere una profunda revisión de los criterios de encarcelamiento preventivo y de la gestión integral de la pena.
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