Mediante el Decreto 478/2026, el Ejecutivo autorizó operaciones de endeudamiento público por hasta 5.000 millones de dólares. La estrategia busca reducir el costo de financiamiento del Tesoro mediante préstamos con garantías de organismos multilaterales, incluyendo la facultad de litigar en tribunales neoyorquinos en caso de controversias.
La medida, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, marca un paso clave en el programa financiero del Gobierno para consolidar fuentes de financiamiento en condiciones más competitivas.
Claves del Decreto 478/2026
El Gobierno avanzó con un esquema que combina el acceso a crédito internacional con protecciones legales sobre activos críticos del Estado:
- Prórroga de Jurisdicción: Se habilitó la inclusión de cláusulas para que eventuales disputas legales sean dirimidas en los tribunales federales y estaduales de Nueva York, una práctica habitual para atraer a inversores institucionales globales.
- Renuncia a la inmunidad: Argentina aceptó renunciar a la defensa de inmunidad de jurisdicción, pero con límites estrictos para proteger bienes estratégicos.
Activos blindados ante cualquier ejecución
El artículo 2 del decreto establece una «coraza» legal para que determinados activos nacionales no puedan ser alcanzados por medidas de ejecución ante un eventual litigio. Quedan explícitamente excluidos:
- Reservas internacionales y cuentas del Banco Central (BCRA).
- Bienes del dominio público ubicados en territorio nacional.
- Activos destinados a servicios públicos esenciales.
- Bienes militares y de fuerzas de seguridad.
- Patrimonio cultural, además de recursos provenientes de impuestos y regalías.
Facultades para el Ministerio de Economía
El decreto otorga al equipo de Luis Caputo un amplio margen de maniobra para ejecutar estas operaciones. El Palacio de Hacienda queda facultado para definir plazos, monedas, seleccionar entidades financieras, contratar asesores de riesgo y establecer los mecanismos que aseguren el mejor esquema de financiamiento posible para el Estado.
Esta decisión se da en un contexto donde el Gobierno busca diversificar sus fuentes de recursos para el Tesoro, aprovechando el aval de organismos multilaterales para mejorar el perfil de la deuda argentina y consolidar la estabilidad financiera de cara a los próximos vencimientos.
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