Ante la desconfianza de los gobernadores y la falta de mayorías en el Congreso, en la Casa Rosada analizan quitarle la obligatoriedad a las primarias como salida intermedia de cara a 2027.
La Casa Rosada presiona para que los aliados acepten eliminar las PASO del calendario y recién después se sienten a negociar el reparto de distritos, candidaturas y lugares en las boletas. Por el contrario, los caciques del interior exigen garantías concretas antes de levantar la mano en el Congreso, sabiendo que este tipo de iniciativas exige mayorías absolutas —37 senadores y 129 diputados—, lo que los convierte en actores indispensables.
En este tablero de recelos, las preguntas se cruzan de un lado a otro: “¿Quién nos asegura que, si los protegemos de una competencia y facilitamos sus reelecciones, después no usen ese poder para construir una alternativa presidencial?”, cuestionan desde el oficialismo. Del otro lado retrucan: “¿Y quién nos jura que Karina y los Menem no nos llenen de opciones libertarias cuando llegue el momento de cerrar las listas?”. La dinámica de la rosca evidencia que, en el vínculo entre Javier Milei y los mandatarios provinciales, nadie se fía de nadie.
Ante la dificultad de lograr la eliminación definitiva, desde hace tiempo cobra fuerza una salida intermedia: la suspensión temporal de la herramienta, tal como ocurrió en los comicios legislativos pasados. Diego Santilli mantiene el optimismo de conseguir los votos necesarios en los próximos dos meses para evitar que la ciudadanía vaya a las urnas el 8 de agosto del año próximo. Sin embargo, los cálculos internos se enfriaron considerablemente: si a finales de julio fuentes oficiales afirmaban que la cuenta estaba “70% cocinada”, hoy el escenario se ubica en un empate estricto. “Estamos 50 y 50. Veníamos bien y nos trabamos”, reconocen en los despachos oficiales.
¿Qué cambió en el camino? No las intenciones, sino los incentivos. La reforma electoral, presentada formalmente en abril, quedó completamente enredada en la disputa por las alianzas nacionales y se transformó en una moneda de cambio. En medio de este cruce de sospechas mutuas, comenzó a barajarse una tercera vía: reemplazar las PASO por una «PAS», es decir, mantener las primarias abiertas y simultáneas pero quitándoles el carácter obligatorio. “Si fuera así, no iría nadie a votar. No tendrían volumen. Las desinflás”, analizan en el corazón del gabinete, evaluando que esta alternativa traería calma a una negociación empantanada, evitando someter a las provincias de lleno a la lapicera central y aliviando al Gobierno del costo de una contienda engorrosa.
Los sondeos de opinión pública que maneja la administración central reflejan posturas divididas en la sociedad. Mientras un estudio de Opinaia indica que el 68% evalúa positivamente la eliminación de las primarias, otros relevamientos como los de La Sastrería y TresPuntoZero muestran matices: un 36,3% prefiere su eliminación definitiva, un 33,6% conservarlas con voto obligatorio, un 18,3% convertirlas en optativas y apenas un 3,6% suspenderlas solo por una elección. Asimismo, el 48,2% de los encuestados considera que el verdadero propósito de la Casa Rosada es mejorar su posicionamiento electoral y dividir a la oposición de cara a la reelección de Milei, por encima del argumento oficial de reducir el gasto fiscal.
Con el objetivo de destrabar el escenario parlamentario, Javier y Karina Milei bajaron una directriz clara a su tropa: cuidar a los socios potenciales y evitar enfrentamientos innecesarios. No obstante, la tregua advierte condiciones estrictas: “Gobernador que no apoye, gobernador que no va a ser tenido en cuenta para futuros acuerdos”. Mientras tanto, la tensión se cruza con las demandas financieras de las provincias y los fuertes recortes en las transferencias corrientes impulsados desde el Ministerio de Economía, complicando aún más un panorama legislativo atravesado por cortocircuitos internos, plazos electorales acotados y un riguroso monitoreo del pulso social y económico hacia el 2027.
Acerca del autor
