A través del decreto 612/2026, el Poder Ejecutivo revirtió un punto clave de la reforma laboral. La medida elimina el límite que restringía las contribuciones de las empresas hacia los gremios, permitiendo que el monto sea definido libremente en el marco de las negociaciones paritarias.
Un giro en la política laboral
La norma, firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Diego Santilli y Sandra Pettovello, modifica el esquema de financiamiento de las organizaciones sindicales. Con este decreto, se elimina el tope del 2% que limitaba las contribuciones patronales extraordinarias, un instrumento que los gremios utilizan para fortalecer sus arcas mediante convenios colectivos.
El cambio implica una recuperación de poder de negociación para la CGT, permitiendo que los sindicatos y las cámaras empresarias pacten aportes superiores a los que regían bajo las restricciones de la reglamentación original de la reforma laboral.
La nueva base de cálculo
El decreto establece criterios precisos sobre qué conceptos salariales pueden integrar la base sobre la cual se calculan estos aportes:
- Lo que se incluye: El salario básico convencional y las sumas remunerativas normales, habituales y mensuales de origen convencional.
- Lo que queda excluido: Premios, bonos, participación en ganancias, horas extras, aguinaldo (SAC), plus vacacional y sumas no remunerativas.
Transparencia y destino de los fondos
Aunque el Gobierno flexibilizó los montos, la norma impone condiciones estrictas para el manejo de estos recursos:
- Destino exclusivo: Los fondos deben aplicarse únicamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural para los trabajadores del gremio.
- Administración diferenciada: Deben ser documentados y gestionados por separado del resto del patrimonio sindical.
- Control: El objetivo de esta separación contable es facilitar el control de legalidad antes de que el Ministerio de Capital Humano proceda a la homologación de los convenios colectivos.
Implicancias políticas
Este movimiento marca una notable diferencia con el espíritu original de la reforma laboral aprobada a principios de año, que buscaba limitar la discrecionalidad en el uso de las denominadas «cajas sindicales».
Mientras que desde la Casa Rosada describen el decreto como una «precisión técnica» necesaria para ordenar la aplicación de las normas, analistas políticos coinciden en que se trata de un gesto de distensión hacia la cúpula de la CGT, en un contexto donde el Gobierno busca estabilizar la relación con los actores sociales tras meses de tensión por el ajuste en el sector público y privado.
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