Aunque América Latina fue pionera en la abolición total con el caso histórico de Venezuela, países como Cuba, Guatemala y Chile mantienen la sanción vigente en normativas específicas.
Mientras el debate global sobre la pena capital se reabre tras el caso de Christa Pike en Estados Unidos —país que registró un incremento de ejecuciones en 2025—, América Latina mantiene un rol histórico singular en esta materia. Si bien la región fue pionera en la abolición total con la prohibición establecida por Venezuela en 1863, todavía existen países que conservan esta sanción en sus legislaciones para casos sumamente excepcionales, delitos militares o contextos de guerra internacional.
Entre ellos destaca Cuba, donde el Código Penal contempla la pena de muerte para 23 tipos penales de extrema gravedad, aunque se mantiene bajo una moratoria estricta y sin aplicarse desde el año 2003. Por su parte, naciones como Guatemala, Chile, Perú, Brasil y El Salvador figuran en los reportes internacionales bajo la categoría de «abolicionistas solo para delitos comunes». Esto significa que la pena capital ha sido eliminada para la justicia ordinaria, pero continúa contemplada de manera restrictiva en códigos militares o situaciones de conflicto bélico internacional.
En la mayoría de estos casos, la aplicación efectiva de la pena de muerte se encuentra jurídicamente limitada y bloqueada en la práctica debido a la suscripción de los Estados al Pacto de San José y a los estándares fijados por los organismos internacionales de derechos humanos. De esta forma, aunque las normativas escritas persisten en determinados marcos jurídicos, los tribunales de la región optan sistemáticamente por penas privativas de la libertad de larga duración en lugar de aplicar la ejecución.
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