Mientras el gobierno de Trump impulsa un acuerdo estratégico con la administración de Delcy Rodríguez, las principales firmas privadas priorizan la estabilidad por sobre los riesgos.
A finales de agosto, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron lo que fue catalogado como el «mayor acuerdo petrolero de la historia». El pacto contempla entregar a EE.UU. el control mayoritario de 17 yacimientos que representan unos 65.000 millones de barriles —equivalentes al 21,5% de las reservas probadas venezolanas y al 141% de las de EE.UU.— con una inversión estimada en US$100.000 millones. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la oportunidad, las principales corporaciones del sector energético estadounidense, como ExxonMobil y ConocoPhillips, han decidido mantenerse completamente al margen.
Riesgo político, inestabilidad jurídica y antecedentes de expropiación
La decisión de los gigantes petroleros de no comprometer recursos frescos en Venezuela responde a una compleja red de factores, donde el riesgo político ocupa el primer lugar. Analistas internacionales señalan que la frágil alianza de intereses entre la administración de Washington y el gobierno interino de Delcy Rodríguez no ofrece garantías a largo plazo para proyectos hidrocarburíferos que requieren madurar en períodos de 10 a 15 años. A esto se suma una profunda inseguridad jurídica: el acuerdo fue estructurado bajo la llamada Ley Antibloqueo y sin licitación pública, lo que genera dudas sobre la legalidad de concesiones por un siglo y el control operativo de los campos.
Otro obstáculo insalvable para firmas como ConocoPhillips y ExxonMobil radica en las deudas pendientes y los arbitrajes internacionales derivados de las masivas nacionalizaciones ejecutadas durante el gobierno de Hugo Chávez, que obligaron a ambas empresas a abandonar el país tras millonarias expropiaciones. Asimismo, la elección de una firma de trayectoria casi desconocida como North American Blue Energy Partners (Nabep) para liderar la ejecución del acuerdo —vinculada a figuras polémicas como Alejandro Betancourt— enciende alertas de cumplimiento normativo y reputacional para las grandes corporaciones, obligándolas a priorizar la estabilidad financiera y el respeto al Estado de derecho antes de retornar al mercado venezolano.
Acerca del autor
