Estados Unidos impondrá nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones de unos 60 socios comerciales —incluyendo a una quincena de países latinoamericanos— bajo el argumento de que no lograron detener adecuadamente el trabajo forzado.
Tras el revés sufrido a principios de año en la Corte Suprema, que declaró ilegales muchos de los aranceles globales impuestos bajo poderes de emergencia, la administración Trump debió reingenierizar su estrategia legal. En lugar de apelar a los viejos atajos, el representante comercial Jamieson Greer desempolvó el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974 y justificó las tasas bajo el paraguas de la lucha contra el «trabajo forzado».
Esta jugada es brillante desde el punto de vista táctico: transforma una medida proteccionista tradicional —de dudosa aceptación bajo las reglas duras de la Organización Mundial del Comercio (OMC)— en una cruzada moral de derechos humanos y competencia justa. ¿Quién puede oponerse públicamente a erradicar el trabajo esclavo? Con ese argumento blindado, Washington obliga a los socios a negociar bajo sus propios términos.
El esquema diseñado por la Casa Blanca opera como un mecanismo de coerción directa:
- Los países que logren certificar rápidamente la prohibición de importaciones asociadas al trabajo forzado obtienen la tasa menor (10%).
- Aquellos que no se alineen o demoren quedan castigados con el tope máximo (12,5%).
Para América Latina (donde economías como la argentina, la brasileña o la mexicana quedan atrapadas en la redada junto a gigantes como la India o la Unión Europea), esto representa una presión asfixiante. Las naciones de la región se ven obligadas a revisar normativas internas y cadenas de suministro a libro cerrado para evitar que sus exportaciones pierdan competitividad en el mercado estadounidense, que absorbe gran parte de su producción.
Mientras el relato oficial de la Casa Blanca sostiene que los aranceles protegerán el empleo manufacturero estadounidense e impulsarán la economía doméstica, los economistas advierten el efecto colateral inevitable: el impuesto lo pagan las empresas importadoras, pero lo transfieren directamente al consumidor final. En un contexto donde la inflación global sigue siendo un fantasma latente, encarecer bienes cotidianos (desde insumos industriales hasta productos masivos) golpea el poder de compra interno de EE. UU.
A esto se suma la inminente reacción en cadena: los bloques afectados y los grupos empresariales ya evalúan medidas de represalia y litigios internacionales. La guerra comercial global que Trump reavivó en su segundo mandato no hace más que profundizar la fragmentación de los mercados y abrir un escenario de alta litigiosidad internacional.
La nueva barrera arancelaria demuestra que para la administración norteamericana el libre comercio ha muerto definitivamente, reemplazado por un pragmatismo transaccional donde las normas laborales y ambientales se utilizan como aranceles encubiertos. Para los países latinoamericanos, el desafío no es solo económico, sino diplomático: navegar en un mundo donde las potencias exigen alineamiento automático bajo la amenaza permanente de asfixiar sus exportaciones.
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