Legisladores opositores cuestionaron duramente la decisión del Gobernador, mientras referentes del propio PJ anticipan que no respaldarán la insistencia en el recinto.
El veto total por parte del Poder Ejecutivo a la ley que creaba el Sistema de Monitoreo Post Legislativo parece haber dinamitado la unanimidad lograda en la Cámara, abriendo profundas grietas e interrogantes institucionales en Tucumán. Mientras las bancadas opositoras acusan al gobernador Osvaldo Jaldo de «desconexión institucional» y anticipan de manera unánime que votarán por la insistencia del proyecto, en el oficialismo peronista asoman las primeras fisuras públicas, con legisladores clave que ya adelantan que no volverán a respaldar la norma para alinearse con la postura del Ejecutivo, sembrando incertidumbre sobre su viabilidad.
El origen de este choque de poderes se remonta a la impugnación constitucional firmada por Jaldo y su ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, al considerar que la Legislatura se extralimitó al sancionar un marco legal que invadía funciones netamente ejecutivas. El decreto de veto sostiene que la ley excede el seguimiento de control parlamentario e incurre en facultades exclusivas de administración reservadas al Gobernador bajo el artículo 101, inciso 3, de la Constitución provincial. Los argumentos jurídicos oficiales, que recurren al doctrinario Germán Bidart Campos, indican que el reparto de competencias impide superponer funciones de monitoreo que afecten la órbita de aplicación de las leyes, objetando específicamente atribuciones como la de requerir informes o la creación de un «Laboratorio de Medición de Impacto» técnico. Esta dura interpretación técnica choca de inmediato con la postura del propio vicegobernador Miguel Acevedo, quien había defendido el espíritu del proyecto argumentando que las normas sancionadas deben ser medidas y evaluadas para conocer su impacto real en la sociedad.
La respuesta de la oposición tucumana fue inmediata y cargada de duros cuestionamientos al estilo de conducción de la Casa de Gobierno. El legislador José Seleme, de Avanza Tucumán, calificó la decisión del mandatario como “una clara demostración de que Jaldo está desconectado de la realidad institucional de Tucumán” y recordó que, tras años en la función pública, debería respetar la autonomía de otro poder del Estado. En la misma línea, Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana) sostuvo que “un gobierno seguro de su gestión no debería temer ser evaluado. Las leyes sin control se vuelven anuncios vacíos, derechos incumplidos y obligaciones sin responsables”, remarcando que monitorear y evaluar no significa invadir competencias. Desde el bloque Movimiento Radical, Agustín Romano Norri instó a defender la institución aprobada por unanimidad, señalando que la votación por la insistencia será la prueba definitiva para demostrar la división de poderes frente al Ejecutivo.
Sin embargo, la posibilidad de ratificar la ley con los dos tercios requeridos comenzó a diluirse rápidamente dentro de las propias filas oficialistas. El legislador justicialista Gerónimo Vargas Aignasse marcó un fuerte quiebre con la posición original de su bloque al manifestar su total acuerdo con el veto, admitiendo que, aunque acompañó inicialmente por disciplina partidaria, considera que se trata de un «mal proyecto» y votará en contra en caso de una insistencia en el recinto. Ante este escenario de división, se intentó contactar de manera reiterada a la autora intelectual y defensora del proyecto original, la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse, para conocer su posición frente a la impugnación de su propio espacio, sin obtener respuesta.
La gran incógnita que se abre ahora en la Legislatura tucumana es cómo proseguirá el desarrollo de la tarea parlamentaria. El cuerpo deberá definir si asume el costo político de acatar silenciosamente el veto de la Casa de Gobierno —lo que licuaría la autoridad de la unanimidad alcanzada— o si emprende el complejo camino de insistir con la norma, profundizando un conflicto directo con Osvaldo Jaldo y forzando a los legisladores oficialistas a elegir públicamente entre la lealtad partidaria o el respeto a la autonomía del cuerpo que presiden Miguel Acevedo y las comisiones de la propia Cámara.
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