Con una desaprobación superior al 60%, el gobierno de derecha radical afronta un escenario de contracción del PIB, alta inflación y caída en la producción minera.
La economía chilena atraviesa uno de sus momentos más delicados tras registrar una caída del PIB del 0,5% en el primer trimestre y del 0,2% en el segundo, configurando la mayor contracción desde la pandemia. En este escenario, la tasa de desempleo escaló hasta un récord del 9,6%, posicionándose en su nivel más alto en más de cinco años, mientras la inversión productiva y la demanda interna muestran un estancamiento generalizado.
Este freno en la actividad se desarrolla bajo el plan de austeridad fiscal impulsado por la administración de José Antonio Kast, cuyo foco principal ha sido el recorte del gasto público y la reducción presupuestaria en los ministerios. La crisis se profundizó a raíz del encarecimiento internacional de los combustibles tras el conflicto en Irán; al rechazar la intervención estatal para mitigar el impacto, el gobierno permitió un fuerte incremento en las tarifas —el denominado «bencinazo»— que encendió la protesta social, elevó la inflación interanual al 4,1% y deterioró la confianza de los consumidores, situando la desaprobación presidencial por encima del 60%.
A los problemas inflacionarios y de consumo se sumó un desplome histórico en la actividad minera, que en agosto cayó un 17,4% interanual debido a condiciones climáticas adversas e interrupciones operativas, llevando al Banco Central y al FMI a recortar las proyecciones de crecimiento para el país. Si bien el Ejecutivo promulgó una «megarreforma» orientada a incentivar la inversión y redujo los impuestos corporativos, y recientemente anunció un plan de empleo por 1.300 millones de dólares para mitigar el impacto social, el debate persiste sobre el alcance real de las medidas de ajuste de cara al presupuesto proyectado para el próximo año.
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