La resolución del Ministerio de Economía fijó el contrato de compraventa, mientras legisladores y organismos presentan denuncias por el proceso de tasación.
El Gobierno nacional formalizó la adjudicación de la licitación pública para la privatización del 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La medida se hizo oficial mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, otorgando la compra de las acciones estatales al consorcio compuesto por Rowing SA, Arcos Saneamento, PHX AQUA y Transclor SA por un monto de 340,2 millones de dólares sin IVA.
La resolución, que estableció el 13 de noviembre como fecha límite para la firma del contrato de compraventa, fundamentó la decisión en los dictámenes de evaluación basados en los informes del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). En segundo lugar del orden de mérito quedó el grupo encabezado por Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre, cuya oferta económica alcanzó los 285 millones de dólares.
En paralelo al avance del trámite administrativo, la operación generó observaciones y denuncias por parte de la oposición. Integrantes de la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones acudieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para cuestionar la reserva de las tasaciones oficiales y el apartamento del Tribunal de Tasaciones de la Nación, mientras sectores de la Defensoría del Pueblo bonaerense advirtieron sobre supuestos conflictos de intereses en torno a firmas vinculadas al consorcio adjudicatario.
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