Un informe detalla que solo el 32% de los impuestos nacionales llega a las provincias, profundizando el bache fiscal en el interior del país.
El federalismo fiscal argentino atraviesa uno de sus momentos más críticos en años. Según datos procesados por el IARAF y el ex titular de Aduana, Guillermo Michel, las transferencias automáticas a las provincias sufrieron una caída real del 5,6% en lo que va del año, lo que representa una pérdida acumulada de $1,3 billones a valores de abril. A pesar de que la recaudación nominal total superó los $68 billones, la distribución se volvió más restrictiva: solo el 32% de esos recursos llegó a las jurisdicciones provinciales. Este escenario es el resultado directo de una economía en recesión, donde el IVA —termómetro del consumo— y el Impuesto a las Ganancias muestran variaciones negativas constantes, dejando a los gobernadores con márgenes de maniobra cada vez más estrechos para sostener sus gastos operativos y de infraestructura.
El análisis técnico revela que la caída no es un fenómeno aislado, sino una tendencia consolidada. En abril, la coparticipación neta descendió un 3,6% real, impulsada por una baja del 3,3% en el IVA y del 2,4% en Ganancias. Los expertos señalan dos causas principales para este derrumbe: el impacto directo de la menor actividad económica en el mercado interno (IVA local) y modificaciones en la percepción aduanera que han erosionado la base imponible. Aunque el Tesoro Nacional ha visto incrementados sus recursos nominales, en términos reales el Gobierno central también experimentó un descenso del 7,1% en la masa tributaria que queda en sus manos, lo que confirma que la «torta» a repartir no solo es más pequeña, sino que su distribución se ha vuelto un foco de conflicto político permanente.
Desde la perspectiva de las provincias, el desglose de cifras es alarmante. Si bien en 2025 las transferencias sumaban $17,4 billones nominales, los $21,7 billones alcanzados en 2026 no logran compensar la carrera contra la inflación acumulada. Esta pérdida de $1,3 billones obliga a los mandatarios provinciales a replantear sus acuerdos salariales y a paralizar obras públicas ante la falta de financiamiento genuino. En este contexto, el «módulo» de transferencias automáticas se ha transformado en el principal campo de batalla entre el Gobierno nacional, que busca blindar el superávit fiscal, y las provincias, que denuncian un desfinanciamiento sistémico que pone en riesgo la prestación de servicios básicos de salud, educación y seguridad en el interior del país.
Con nueve meses consecutivos de retroceso real, el primer cuatrimestre de 2026 deja un mensaje claro: sin reactivación del consumo, el esquema de coparticipación seguirá siendo una fuente de inestabilidad para el equilibrio federal.
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