Pese a la masiva convocatoria en todo el país, el Ejecutivo minimizó el impacto de la movilización y la calificó como una «marcha política» orquestada por la oposición. Mientras Javier Milei avalaba críticas desde las redes, el Ministerio de Capital Humano puso el foco en la baja tasa de graduación y el exceso de plantas docentes.
La pulseada por el financiamiento universitario se trasladó de las calles a los despachos oficiales con un tono de confrontación creciente. Tras una jornada que movilizó a cientos de miles de personas —con una guerra de cifras que osciló entre los 135.000 calculados por el Gobierno y el millón y medio estimado por las universidades—, la Casa Rosada optó por desconocer la legitimidad del reclamo. Para el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, la movilización fue «instrumentada» por dirigentes de la CGT, el kirchnerismo y el massismo para erosionar la gestión de Javier Milei. Lejos de ceder en el presupuesto, el Gobierno contraatacó centrando el debate en la eficiencia: cuestionó la proliferación de nombramientos docentes por fuera de lo presupuestado y la baja relación entre ingresantes y graduados, sugiriendo que el sistema actual no devuelve resultados acordes a la inversión pública.
El trasfondo de la disputa es estrictamente económico. Según informes del IIEP UBA-CONICET, el financiamiento para la Educación Superior sufrió un recorte real del 41,2% proyectado para este 2026, una caída que se siente con especial dureza en los salarios. Un docente de dedicación exclusiva percibe un básico de apenas $1.582.283, habiendo perdido un tercio de su poder adquisitivo en solo dos años. Álvarez, sin embargo, sostiene que el problema es de administración: «Si tenés presupuestado 15 docentes y nombrás 25, la plata no alcanza para aumentar sueldos», sentenció, poniendo en duda la necesidad de los 200.000 profesionales que hoy integran el sistema.
La tensión escaló también en el ámbito de la salud. Mientras la UBA denuncia que sus hospitales universitarios no recibieron fondos en lo que va del año y están al borde del colapso, el Gobierno admitió el congelamiento de un fondo de $79.000 millones bajo el argumento de un «cambio de criterio» administrativo. En la Casa Rosada están convencidos de que la «causa noble» de la educación pública está siendo utilizada como escudo por la «casta política» para evitar auditorías. Por ahora, la orden presidencial es no ceder un centímetro en el equilibrio fiscal, incluso si eso implica sostener un conflicto abierto con uno de los sectores con mayor apoyo social del país.
La marcha universitaria dejó una foto de unidad opositora que el Gobierno leyó como una amenaza política. Con un presupuesto que sigue perdiendo contra la inflación y auditorías en el horizonte, el conflicto universitario parece lejos de encontrar una tregua.
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