Daniel Nacusse, delegado episcopal de Educación del Arzobispado, advirtió por la compleja realidad que atraviesan las instituciones parroquiales. El impacto de la crisis golpea con fuerza a los cuentapropistas y empleados públicos. Negociaciones por deudas y migración de alumnos al sector estatal.
El impacto de la recesión económica y la pérdida del poder adquisitivo calaron hondo en las aulas tucumanas en este inicio del ciclo lectivo. En declaraciones a la emisora LV12, el delegado episcopal de Educación en el Arzobispado de Tucumán, Daniel Nacusse, trazó un preocupante panorama sobre la realidad financiera que atraviesan los colegios de gestión privada y parroquial en la provincia. De acuerdo con el vocero eclesiástico, a pesar de las estrategias de financiamiento y facilidades de pago implementadas por los establecimientos desde el inicio de las clases, la morosidad en el pago de las cuotas mensuales se consolidó en un alarmante 30% con la llegada de mayo de 2026. El fenómeno afecta principalmente a las familias cuyos ingresos dependen de la administración pública provincial o del empleo cuentapropista e informal.
El desfasaje financiero ya muestra consecuencias estructurales concretas: las primeras auditorías oficiales de los colegios confesionales tucumanos encendieron las alarmas al registrar una pérdida neta de matrícula de entre el 5% y el 7%. Según Nacusse, esta deserción y el consecuente traspaso de alumnos hacia el sistema de educación pública son la secuela directa del desgaste económico acumulado durante un año previo que calificó como «muy duro para todos». Las familias, imposibilitadas de sostener el costo de la educación privada de sus hijos, debieron optar por la migración hacia el sector estatal para aliviar los presupuestos del hogar, incrementando la presión sobre las escuelas públicas de la provincia.
Respecto a la evolución de los aranceles, el delegado episcopal aclaró que los colegios parroquiales nucleados en las cámaras del sector no aplicaron incrementos generalizados durante los meses de abril y mayo. No obstante, precisó el funcionamiento de la Disposición 413, la normativa local que faculta a las instituciones a ajustar los valores de las cuotas en sintonía con la inflación. «Lo que solemos hacer es acumular. Por eso, cuando un colegio decide aplicar el aumento amparándose en la norma, la cifra suele impactar porque condensa la inflación rezagada y las últimas actualizaciones de los salarios docentes», explicó el referente del Arzobispado, diferenciando las decisiones autónomas de cada comunidad educativa de las políticas institucionales de las cámaras.
La realidad expuesta por el Arzobispado de Tucumán expone un escenario de subsistencia mutua: colegios que estiran los márgenes para no perder alumnos y familias que hacen malabares para no romper la continuidad pedagógica de sus hijos. Con un tercio de las familias en condición de morosidad, el sostenimiento de la educación parroquial en el NOA asoma como uno de los desafíos sociales más complejos de la temporada invernal.
Radiografía de los colegios parroquiales en Tucumán
- La barrera de pago: El 30% de los estudiantes arrastra deudas en sus cuotas con los primeros balances consolidados de mayo.
- Pérdida de alumnos: La matrícula total en el sector de gestión privada cayó entre un 5% y un 7% interanual.
- Destino escolar: El porcentaje de alumnos perdidos migró directamente hacia el saturado sistema de educación pública provincial.
- Mecanismo de cuotas: Rige la Disposición 413, que autoriza aumentos según la inflación y las paritarias de los maestros, aunque las cámaras parroquiales congelaron subas masivas en el último bimestre.
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