La producción récord en el yacimiento de shale gas disparó la generación de lodos y desechos industriales. Pese a la normativa vigente, la capacidad de tratamiento es insuficiente y las plantas de procesamiento enfrentan causas judiciales por emitir contaminantes que afectan la salud de las poblaciones aledañas.
Vaca Muerta es celebrada transversalmente por el arco político como la piedra angular del despegue económico argentino. Sin embargo, bajo el brillo de las cifras récord de producción —donde el fracking concentra más del 90% de la extracción de hidrocarburos—, se consolida una realidad menos optimista: el colapso en el sistema de tratamiento de residuos derivados de la fractura hidráulica.
Lo que las empresas definen como «gestión de pasivos», los habitantes de ciudades como Neuquén y Añelo lo describen como una amenaza constante a la salud pública y al entorno. En la meseta neuquina, donde la industrialización reemplazó al paisaje natural, se alzan hoy montañas de residuos semisólidos —conocidos como cuttings— que, según denuncian expertos y vecinos, exceden la capacidad de procesamiento de las plantas instaladas.
El impacto invisible y el costo sanitario
La técnica del fracking no solo genera residuos sólidos, sino que el proceso de inyección de salmueras y químicos bajo tierra ha sido vinculado con un aumento en la sismicidad inducida en la región. No obstante, el impacto cotidiano se percibe en el aire: residentes de barrios como Casimiro Gómez, próximos al Parque Industrial Neuquino, reportan cuadros crónicos de irritación ocular, complicaciones respiratorias y fuertes olores sulfurosos.
La normativa provincial exige que estos residuos sean tratados en hornos de alta temperatura para su inertización. La realidad, según datos relevados por Chequeado, es que los volúmenes de desechos crecieron un 33% en 2023, superando sistemáticamente la capacidad instalada. La ministra de Ambiente provincial, Leticia Esteves, reconoció la delicada situación al catalogar a los vertederos existentes como «zonas de sacrificio»: espacios que han perdido cualquier potencial de uso futuro debido a la carga tóxica depositada.
Comarsa e Indarsa: en el ojo de la tormenta
El caso de la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales (Comarsa) es emblemático. Acusada por una querella que integra la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), la empresa es señalada por acumular 350.000 metros cúbicos de residuos sobre suelos no impermeabilizados. Aunque la firma perdió su licencia estatal en 2024 tras años de denuncias sobre emisiones deficientes, el pasivo ambiental ya está instalado.
En Añelo, el «corazón» de la explotación, la situación replica el modelo. La planta operada por Indarsa, donde los lodos se procesan hasta convertirse en cenizas acumuladas en montañas del tamaño de edificios, es el foco de preocupación por la potencial contaminación de napas y suministros hídricos. La empresa, controlada por el Grupo Urcera, opera bajo la sombra de la falta de soluciones definitivas para una industria que, mientras exporta gas, parece adeudar respuestas claras a sus comunidades de base.
La apuesta oficial, según fuentes del Ministerio de Ambiente, es exigir a las petroleras que instalen métodos de tratamiento en el propio sitio de extracción. Mientras el Ejecutivo nacional impulsa a Vaca Muerta como un pilar estratégico hacia la exportación de GNL, el desafío pendiente es resolver si la «salvación económica» argentina es compatible con la salud ambiental de su territorio.
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