De Colombia a Francia, el «modelo Bukele» ha dejado de ser una estrategia de seguridad específica de El Salvador para convertirse en un emblema electoral. Sin embargo, detrás de la promesa de «mano dura» y la construcción de megacárceles, expertos y organismos internacionales advierten sobre un costo político y humano que suele omitirse: el desmantelamiento de las garantías democráticas.
En las campañas electorales más recientes, la figura de Nayib Bukele se ha vuelto omnipresente. Desde candidatos que prometen emular sus centros de reclusión hasta líderes de la derecha radical europea que citan su gestión como ejemplo de eficiencia, el modelo salvadoreño se ha transformado en un fenómeno de exportación política. Pero, ¿es realmente exportable?
El atractivo de la «solución rápida»
Para la derecha radical, el éxito de Bukele parece irrefutable: El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo a exhibir tasas de homicidios históricamente bajas. La fórmula es visualmente poderosa: la imagen de miles de detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) funciona como una respuesta inmediata a la ansiedad social por la inseguridad.
Sin embargo, especialistas como Sonja Wolf, investigadora de la Universidad Panamericana, advierten que este atractivo esconde una realidad más compleja:
«Hay que tener cuidado cuando se habla del ‘modelo Bukele’, porque en realidad no se trata de un modelo; se trata de una autocrítica electoral donde la seguridad se usa para reforzar la legitimidad política».
Los resultados en otros países: el mito de la exportabilidad
Ecuador y Honduras han intentado seguir los pasos salvadoreños mediante estados de excepción y militarización. Los resultados, lejos de replicar el descenso en la violencia, han sido decepcionantes:
- Ecuador: Pese a la construcción de cárceles de máxima seguridad y la política de «conflicto armado interno», la tasa de homicidios se disparó hasta alcanzar los 51 por cada 100.000 habitantes en 2025, el año más violento de su historia reciente.
- Honduras: La tasa de homicidios se mantiene estancada en niveles altos (23 por cada 100.000 hab.), demostrando que la mera represión no garantiza la paz.
¿Seguridad duradera o populismo punitivo?
Para Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, el fracaso de otros países en replicar el éxito de El Salvador radica en que confunden la superficie con la estructura. El «modelo Bukele» no es solo una cárcel; implica una concentración de poder, la anulación de la supervisión judicial y una opacidad en los acuerdos institucionales que, a largo plazo, debilita las instituciones democráticas.
Las denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en El Salvador documentadas por organismos internacionales subrayan un punto crítico: la seguridad ha mejorado, sí, pero bajo un sistema que ha priorizado la popularidad del líder sobre el derecho al debido proceso.
En última instancia, el debate sobre el modelo Bukele plantea una pregunta incómoda para las sociedades latinoamericanas: ¿están los votantes dispuestos a sacrificar el Estado de derecho y la democracia por una promesa de seguridad inmediata? La evidencia sugiere que, lejos de ser una panacea, este modelo corre el riesgo de convertirse en un camino de ida hacia autoritarismos sin resultados tangibles en la reducción real de la violencia.
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