El jefe de Gabinete obtuvo una sobrevida de dos semanas en el Senado tras la postergación de la sesión clave, pero la Casa Rosada sigue sin una hoja de ruta clara. Mientras la oposición exige una interpelación inmediata y la causa judicial por enriquecimiento ilícito avanza, la permanencia de Manuel Adorni se ha convertido en un costo político insostenible que eclipsa los logros económicos de la gestión de Javier Milei.
La decisión de postergar la sesión en la Cámara Alta —donde se preveía una embestida opositora para desplazar al funcionario— fue una maniobra de emergencia habilitada por Karina Milei y ejecutada por Patricia Bullrich. El objetivo fue frenar la «carnicería» política en el recinto, logrando una tregua hasta el 2 de julio. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, este paréntesis ha profundizado las sospechas cruzadas y el desgaste dentro del oficialismo, donde nadie parece saber cómo resolver un conflicto que ya lleva tres meses en agenda.
La resistencia del Presidente a soltar la mano de su ministro coordinador se basa en una premisa política defensiva: «echar a Manuel es entregarse al sistema». Bajo esta lógica, Karina Milei y Santiago Caputo sostienen a un funcionario que, según fuentes cercanas, ha pasado más tiempo concentrado en su defensa personal y legal que en las tareas de coordinación de gobierno. La narrativa de las criptomonedas y los ahorros previos a la función pública no logró convencer a la opinión pública, y el impacto negativo ya se refleja en las últimas encuestas que llegan a los escritorios de la Casa Rosada.
El escenario judicial, además, se vuelve más complejo. El fiscal Gerardo Pollicita espera los resultados de una auditoría patrimonial clave realizada por la Datip, mientras el juez Ariel Lijo —quien tramita el caso— mantiene una sintonía fina con el Ministerio de Justicia. En este contexto, el reciente decreto que busca agilizar la designación de jueces de la Corte Suprema y otros cargos se lee en los pasillos de Comodoro Py como un gesto de acercamiento del Ejecutivo hacia el Poder Judicial, aunque el Gobierno aún no tiene previsto avanzar con nuevos candidatos para el máximo tribunal.
El costo de la parálisis administrativa ya es evidente. Temas críticos, como la concesión privada de Tecnópolis, han quedado «cajoneados» ante el temor de que nuevas revelaciones de vínculos societarios —donde aparece salpicado el entorno de la propia Secretaría General de la Presidencia— terminen de dinamitar la confianza pública.
Mientras Javier Milei se prepara para una nueva gira internacional que lo llevará por España, Paraguay y Estados Unidos, el oficialismo intenta ignorar que el «caso Adorni» opera como un ancla. Con la inflación mayorista en descenso y la reciente aprobación de garantías por USD 2.000 millones del Banco Mundial, la gestión tiene resultados para mostrar, pero el estigma político del jefe de Gabinete parece ser una batalla cultural que la Casa Rosada, por ahora, no está logrando ganar.
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