El dictamen elaborado por los tres poderes estatales prevé medidas alternativas al encierro, participación activa de las víctimas y un estricto protocolo para los jóvenes que alcancen la mayoría de edad.
La Legislatura de Tucumán se prepara para debatir el próximo 30 de septiembre el proyecto de adecuación del Régimen Penal Juvenil en la provincia. La iniciativa, elaborada de manera coordinada entre los tres poderes estatales y con dictamen favorable de la Comisión de Legislación General presidida por Gerónimo Vargas Aignasse, introduce modificaciones sustanciales en el proceso judicial y pone el foco en la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley.
Uno de los ejes principales del nuevo sistema es la división del juicio en dos etapas. En la primera instancia, el tribunal determinará únicamente la existencia del hecho y la responsabilidad penal del acusado. Una vez firme dicha declaración, se exigirá la presentación de un Plan Individual de Transformación Personal (PITP) y, tras su cumplimiento, un juez distinto definirá la pena definitiva en una audiencia de integración. Asimismo, el proyecto prevé medidas alternativas al encierro —como la prohibición de manejo, restricciones de acercamiento y monitoreo domiciliario—, reservando la detención en centros cerrados como última ratio y prohibiendo de manera tajante el alojamiento de menores en comisarías o penales de adultos.
Finalmente, la normativa otorga un marco legal específico al Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil “Cura Brochero”, garantiza la participación e información a las víctimas durante todo el proceso y establece un protocolo individual de transición para aquellos jóvenes que cumplan la mayoría de edad mientras cumplen condena, asegurando la continuidad de sus tratamientos y estudios.
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