La Cámara de Diputados aprobó con 130 votos a favor el nuevo régimen de incentivos para «industrias del futuro». Con beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros inéditos por 30 años, el Gobierno busca captar proyectos superiores a los U$S 1.000 millones en sectores como la Inteligencia Artificial, electromovilidad y energías renovables. La votación, más ajustada de lo previsto, deja en evidencia el mapa de apoyos y resistencias en el recinto.
El oficialismo logró superar el primer escollo legislativo para poner en marcha el «Super RIGI», una apuesta fuerte del Ejecutivo para atraer capitales a áreas que aún no poseen una escala industrial significativa en Argentina. Con un margen de 130 votos afirmativos contra 106 negativos, el proyecto avanzó gracias a una coalición parlamentaria que incluyó al PRO, la UCR y bloques provinciales, mientras que el kirchnerismo y la izquierda mantuvieron un rechazo frontal.
¿Qué industrias abarca?
El régimen está diseñado para proyectos que requieran un desembolso mínimo de U$S 1.000 millones. El foco está puesto en tecnologías de frontera, tales como:
- Electromovilidad: Fabricación de baterías de litio y vehículos eléctricos.
- Economía del conocimiento: Desarrollos de Inteligencia Artificial y grandes data centers.
- Energías renovables: Proyectos eólicos, solares y cadena de valor del uranio.
Los beneficios «gancho» para el inversor
El Super RIGI busca competir en el mercado global de inversiones mediante un paquete de incentivos agresivo, garantizando estabilidad normativa por tres décadas:
- Fiscalidad: Reducción del Impuesto a las Ganancias al 15% y amortización acelerada de inversiones.
- Comercio Exterior: Arancel cero para importaciones y retención 0% para exportaciones.
- Cambiario: Libre disponibilidad de divisas y acceso irrestricto a mercados internacionales para liquidación de exportaciones.
- Garantías: Protección contra actos confiscatorios y acceso a arbitraje internacional para resolución de controversias.
El debate por los proveedores locales
Un punto central de la negociación fue la inclusión de una cláusula que obliga a las empresas adherentes a presentar un plan de desarrollo de proveedores locales, comprometiendo al menos un 20% del monto de adquisiciones a empresas argentinas. Sin embargo, este requisito tiene un condicionante: la oferta local debe estar disponible y ser competitiva en precio y calidad, un punto que generó fricciones durante el debate en comisión.
Para el oficialismo, esta media sanción es una herramienta fundamental para posicionar a la Argentina en el mapa de las inversiones de alta tecnología. Para la oposición, el régimen representa una cesión excesiva de soberanía jurídica y fiscal. Con la media sanción en la mano, el Gobierno ahora prepara el terreno para defender el proyecto en el Senado, donde la paridad de fuerzas promete un debate aún más encendido.
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