Bajo el rótulo de «descongelamiento», el Gobierno autorizó un incremento del 123% para la alta conducción del Estado. Mientras los ministros rozarán los 8 millones de pesos, el Ejecutivo intenta equilibrar la balanza con los poderes Legislativo y Judicial, aunque la medida pone a prueba el discurso de austeridad en un clima social de máxima sensibilidad.
La narrativa de la austeridad acaba de chocar de frente con la planilla de haberes del Sector Público Nacional. A través del decreto 931/2025, el Gobierno oficializó una recomposición salarial que, para junio, llevará los sueldos de ministros y secretarios a niveles que superan los 8 millones de pesos. Lo que para la Casa Rosada es un acto de «estricta justicia administrativa» para equiparar cargos con las paritarias estatales tras años de congelamiento, para el ciudadano de a pie se percibe como una desconexión inquietante con la realidad del sector privado y el empleo informal. El gesto de Javier Milei de excluirse a sí mismo y a Victoria Villarruel del aumento funciona como un blindaje ético personal, pero no logra ocultar que la estructura jerárquica del Estado ha decidido que, tras el ajuste, ha llegado la hora de volver a cobrar «precios de mercado» por la gestión pública.
El desglose de las cifras es contundente: un ministro pasará de percibir poco más de 3,5 millones en diciembre a cobrar más de 8 millones en junio. Esta suba escalonada alcanza a mil funcionarios y plantea un dilema moral en la comunicación oficial. Si bien es cierto que, comparados con los 20 millones que percibe un juez de la Corte o los 11 millones de un senador, los sueldos del Ejecutivo parecían anclados en una «pobreza relativa» de alta alcurnia, el incremento del 123,8% resulta difícil de digerir para una sociedad a la que se le exige disciplina fiscal diaria. El Gobierno se defiende con una cláusula gatillo: si el déficit fiscal financiero reaparece, los sueldos se congelan automáticamente. Es, en esencia, una apuesta a la propia eficiencia; el sueldo de los funcionarios como un «bono por desempeño» atado al superávit.
Sin embargo, el riesgo político es alto. La gestión que hizo del «no hay plata» un mantra religioso, hoy firma decretos que llevan a un subsecretario a ganar 6,7 millones de pesos. La justificación de que el Poder Judicial y el Legislativo ganan más suena a una excusa de nivelación hacia arriba que el discurso libertario solía combatir. En un país donde la calidad institucional se mide por los resultados y no por los salarios, este «descongelamiento» abre un debate necesario: ¿Necesitamos funcionarios bien remunerados para evitar la corrupción y atraer talento, o es este aumento una bofetada a la meritocracia del esfuerzo que se le pide al resto de la población? Por ahora, el superávit fiscal es el único escudo que sostiene esta medida ante el tribunal de la opinión pública.
La plana mayor del Estado ya tiene su recomposición asegurada. Ahora resta ver si esa misma celeridad para «descongelar» ingresos jerárquicos se traduce en una mejora real de los indicadores que afectan a los millones de argentinos que todavía esperan que el ajuste termine para ellos también.
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