A través del decreto 467/2026, la administración de Javier Milei modificó el procedimiento para nombrar jueces de la Corte, Procuradores y Defensores. La reforma, que busca acortar los plazos del proceso, elimina el filtro administrativo previo en el Ministerio de Justicia y suprime la obligación de publicar antecedentes en diarios nacionales, concentrando el control ciudadano exclusivamente en la instancia legislativa.
El Poder Ejecutivo nacional oficializó este martes un cambio de reglas en el mecanismo para seleccionar a los máximos magistrados del país. La reforma, rubricada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, desactiva la etapa administrativa que funcionaba como filtro de observaciones ciudadanas antes de que el Presidente enviara los pliegos al Congreso. Según la justificación oficial, este paso resultaba redundante, dado que la Cámara de Senadores ya cuenta con sus propios mecanismos de audiencias públicas y recepción de impugnaciones a través de la Comisión de Acuerdos.
La nueva normativa no solo simplifica el flujo de trámites, sino que moderniza los canales de difusión: la exigencia de publicar la nómina de candidatos en diarios de circulación nacional queda reemplazada por la publicación digital en el sitio del Ministerio de Justicia y el Boletín Oficial. Además, se establecieron plazos estrictos de cinco días para que los candidatos presenten sus declaraciones juradas y para que el organismo de control fiscal (ARCA) emita los informes correspondientes sobre la situación impositiva de los postulantes.
Un aspecto que ha generado particular atención es la omisión en el nuevo decreto de criterios que sí estaban presentes en el reglamento de 2003: la recomendación de considerar la diversidad de género, la especialidad jurídica y la representación regional al momento de evaluar las vacantes. Aunque el Ejecutivo insiste en que las garantías de transparencia constitucional —como el voto de dos tercios en el Senado— permanecen inalterables, la eliminación de estos estándares de selección abre un nuevo frente de debate sobre el perfil que el Gobierno buscará para integrar la cúpula judicial.
Con esta reforma, el Ejecutivo busca dotar de mayor agilidad a la conformación de los tribunales superiores, un área estratégica que ha sido eje de tensiones políticas durante todo el año. Mientras la oposición analiza el impacto de la medida, el oficialismo asegura que la transparencia no se sacrifica, sino que se centraliza en el Congreso, donde se desarrollará el debate final. La jugada del gobierno libertario no solo cambia los tiempos, sino que también altera la dinámica de participación social en el nombramiento de los hombres y mujeres que tendrán a su cargo las decisiones judiciales más sensibles del país.
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