El Poder Ejecutivo nacional resolvió modificar la hoja de ruta de sus reformas estructurales. Tras las fricciones y el freno legislativo registrado en torno a la Ley de Tierras, la Casa Rosada optó por fraccionar el demorado paquete de desregulación de 144 páginas y postergar su tratamiento integral para una segunda etapa, priorizando primero la negociación de iniciativas financieras y fiscales clave con gobernadores y bloques dialoguistas.
La decisión, gestada en el ámbito de la mesa política y con el texto actualmente bajo revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, responde a la necesidad de evitar frentes de conflicto simultáneos que pongan en riesgo la agenda oficial. Desde el oficialismo reconocen que un proyecto mastodóntico permitía que la resistencia de sectores específicos o colegios profesionales bloquee medidas con mayor consenso, por lo que la estrategia ahora apunta a la segmentación según la conveniencia parlamentaria.
En esta primera fase de reordenamiento, las prioridades del Ejecutivo se concentrarán en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los cambios en Inocencia Fiscal, el paquete de Propiedad Privada, la reforma electoral y el avance del denominado Super-RIGI. Recién una vez consolidados estos acuerdos se abrirá el debate por la segunda tanda, que incluirá el grillete fiscal, el Presupuesto 2027 y las normativas referidas a los mercados de seguros, inmobiliario y de capitales.
Dentro de este segundo bloque, la modificación del mercado de seguros —impulsada para permitir que las empresas diseñen productos sin autorización previa y limitando al regulador a tareas de solvencia— asoma como la prioridad inmediata del presidente Javier Milei. No obstante, el reordenamiento también busca subsanar problemas internos de coordinación técnica y política, evidenciados en cortocircuitos recientes entre distintas terminales del oficialismo en el Congreso y el Ejecutivo, un escenario que la mesa política buscará morigerar de cara a las próximas batallas legislativas.
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