Mientras el país asiste a una crisis económica profunda, el jefe de Gobierno porteño y el ministro de Seguridad bonaerense cruzaron chicanas de alto voltaje tras los operativos simultáneos en las villas de la Capital y en Fuerte Apache. La utilización política del mapa del delito y la chicana del «Muro» que expone el ombliguismo del puerto.
Para el resto de las provincias argentinas, mirar la agenda de Buenos Aires suele requerir un filtro de distancia; sin embargo, lo que ocurrió esta semana a ambos lados de la General Paz merece un análisis político que trasciende el mapa del conurbano. En una jornada de fuerte despliegue policial, la Ciudad de Buenos Aires ejecutó el megaoperativo «Tormenta Negra» en 16 asentamientos informales, mientras que la Policía Bonaerense saturaba el complejo Fuerte Apache. Lo que debió ser una coordinación elemental de seguridad entre dos distritos vecinos terminó en un cruce mediático de alto voltaje entre Jorge Macri y el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso. El episodio no solo dejó al desnudo la grieta que divide al PRO del peronismo Kicillofista, sino también el uso de la seguridad pública como una espectacularización para la tribuna política nacional.
El conflicto estalló cuando Jorge Macri, desde la Villa 31, intentó provincializar el origen del delito porteño afirmando que la Ciudad «está en riesgo por el delito instalado en el conurbano» y sugiriendo la necesidad de blindar la frontera civil. La respuesta de la Provincia no tardó en llegar con la virulencia típica de las redes sociales bonaerenses. El ministro Alonso cruzó al jefe de Gobierno tratándolo de «Jorgito» y chicaneándolo con una ilustración satírica que lo emparentaba con Donald Trump y su idea de construir un muro en la General Paz, sugiriendo —con la desconfianza histórica que el peronismo tiene hacia el macrismo— que la idea escondía «codicia por la obra pública». Alonso sacó pecho afirmando que la Bonaerense fue la que marcó el camino en Fuerte Apache y que el Gobierno porteño salió «detrás a intentar una réplica».
Visto desde el interior, el cruce expone la paradoja del centralismo: las fuerzas especiales de la Ciudad y de la Provincia se trenzan en una disputa de egos sobre quién capacita a quién o quién tiene el operativo más «profesional», mientras la macroeconomía y la distribución de recursos siguen beneficiando a ese mismo conglomerado. El operativo de la Ciudad movilizó a 1.500 efectivos para clausurar cuatro búnkers; el de la Provincia, a 500 hombres para detener a 11 personas. Números impactantes para la pantalla de televisión, pero que la dirigencia utiliza para una pulseada de posicionamiento de cara al escenario electoral, convirtiendo la seguridad ciudadana en un activo de marketing político.
Ni el blindaje que propone Jorge Macri ni la soberbia operativa que esgrime el ministro bonaerense han demostrado, hasta ahora, reducir el delito de manera sostenida. El cruce entre Alonso y Macri es la confirmación de que la General Paz funciona, antes que como un límite geográfico, como el escenario de un teatro político donde los problemas estructurales de la Argentina se reducen a un tuit picante para ver quién se queda con el mejor titular del día.
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