La reforma electoral que impulsa Javier Milei de cara a 2027 genera fuertes diferencias internas en el Ejecutivo. Mientras Patricia Bullrich, Diego Santilli y Santiago Caputo abogan por negociar con los mandatarios provinciales antes de pisar el recinto, el sector alineado con Karina Milei prefiere postergar los entendimientos electorales hasta después de la sanción.
Dos visiones en Balcarce 50
El camino hacia la reforma electoral —uno de los pilares de la estrategia del Gobierno para ordenar el escenario político de cara a 2027— enfrenta un debate interno sobre cómo encarar la negociación política. La discusión no pasa únicamente por los artículos del proyecto, sino por el orden de los factores: cerrar acuerdos distritales antes de la votación o avanzar primero en el Congreso con las nuevas reglas de juego.
- El ala dialoguista (Bullrich, Santilli y Caputo): Sostienen que es indispensable acordar previamente con los gobernadores provinciales. Esta postura busca blindar los votos necesarios en el Congreso y reducir la incertidumbre frente a bloques aliados, evitando sorpresas de última hora.
- El ala «karinista» (Karina Milei, Martín y «Lule» Menem): Optan por una estrategia de mayor firmeza. Consideran que el oficialismo no debe ceder posiciones de negociación ni condicionar los armados provinciales antes de tener la ley aprobada, bajo la premisa de que los mandatarios del interior necesitan la tracción de la boleta presidencial de Milei.
La pulseada por las colectoras y las PASO
En el centro de las negociaciones se encuentra el diseño de herramientas clave para el armado electoral, como la habilitación de colectoras para que candidatos provinciales puedan colgarse de la boleta de Milei, y el futuro de las PASO (su suspensión o eliminación).
Mientras desde el sector de Karina Milei confían en que a los gobernadores «no les queda otra que agarrar» ante la falta de una figura presidencial competitiva propia, otros despachos advierten sobre la desconfianza acumulada desde 2025 y temen que la falta de acuerdos previos fracture la relación con los distritos.
El fantasma del revés legislativo
El reciente traspié con la ley de Propiedad Privada en el Senado —que obligó al Gobierno a postergar la votación hasta agosto y dejó al descubierto tensiones internas entre funcionarios como Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger— funciona como una advertencia en la Casa Rosada.
Con un proyecto de reforma electoral calificado por algunos sectores como “súper verde” y con la necesidad de reunir un volumen político considerable, el oficialismo define por estos días si endurece su postura o si cede terreno a los gobernadores para asegurar que la ley vea la luz en agosto.
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