Presionado por la UCR, el PRO y partidos provinciales, el oficialismo debió proponer un proyecto superador que incluye la compatibilidad de pensiones y la actualización de prestaciones.
El Gobierno nacional debió dar marcha atrás con el recorte en el área de discapacidad contemplado en el Presupuesto, en lo que significó un error no forzado que dejó al oficialismo en una clara posición de debilidad frente a los partidos aliados en el Congreso. La medida generó tensiones internas que apuntaron directamente al Ministerio de Economía conducido por Luis «Toto» Caputo, además de encender las alarmas ante la presión social y las críticas de referentes del propio espacio.
Ante este escenario adverso, La Libertad Avanza se vio obligada a negociar y proponer un proyecto superador para bloquear las iniciativas de la oposición dura. Las modificaciones introducidas permiten actualizar los montos por inflación para los beneficiarios, mantener el nomenclador universal de prestaciones y garantizar que la pensión sea compatible con empleos registrados.
Pese a las concesiones realizadas junto a bloques dialoguistas como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales, el oficialismo aún mantiene cautela de cara al debate definitivo en el recinto. En el oficialismo reconocen que debieron ceder más de lo previsto inicialmente, rompiendo con la dinámica de inflexibilidad fiscal que caracteriza a la administración.
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