En un comunicado conjunto, los legisladores y mandatarios provinciales advirtieron por el deterioro de los salarios, las tarifas energéticas y el financiamiento de las universidades nacionales.
En un encuentro de alto voltaje político celebrado este jueves en la provincia de La Rioja, el Parlamento del Norte Grande —que nuclea a los gobernadores, legisladores y representantes de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán— emitió un documento de fuerte contenido crítico contra la administración del presidente Javier Milei. El pronunciamiento marca un punto de inflexión político, ya que agrupa a distritos que en reiteradas ocasiones han funcionado como aliados clave para permitir que el oficialismo reúna los votos necesarios en el Congreso de la Nación. Sin embargo, los mandatarios regionales decidieron trazar un límite frente a los efectos que el programa económico federal provoca en sus territorios.
“Si la Nación se retira, el Norte Grande permanece y se organiza. Si la Nación se paraliza, el Norte Grande se dinamiza y produce. Si la Nación ensordece, no dialoga y divide, el Norte Grande escucha, dialoga e integra”, sentenciaron los referentes provinciales en los párrafos iniciales de un manifiesto que contrapone dos modelos de gestión frente a lo que consideran un Estado nacional ausente, centralista y carente de vocación de diálogo.
Radiografía de la crisis industrial y el impacto social
El documento apoya sus argumentos en datos provistos por la Unión Industrial Argentina (UIA), advirtiendo que el sector opera actualmente a tan solo el 57% de su capacidad instalada. Según el registro oficial del bloque, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron más de 97.000 puestos de trabajo industriales en todo el país. Durante la apertura de la cumbre, el gobernador anfitrión, Ricardo Quintela, cuestionó la matriz del ajuste y apeló al rol de las administraciones subnacionales: “¿Para qué se elige a un presidente o a un gobernador? Se los elige para definir políticas que generen condiciones de vida lo más dignas posible para nuestra gente”.
La recesión productiva se tradujo en el plano territorial con una larga lista de empresas regionales afectadas por cierres, suspensiones o recortes de personal, entre las que figuran Coteminas (Santiago del Estero), Karagozian (Tucumán), Neba (Catamarca), TN Platex (Corrientes), Refinor (Salta) y Hiper Libertad (Chaco). A esto se suma un fenómeno alarmante de endeudamiento familiar: el informe advierte que cerca de la mitad de los hogares recurre al crédito para pagar servicios básicos, alquileres e impuestos, mientras que la otra mitad lo hace directamente para poder acceder a los alimentos esenciales.
Universidades, infraestructura vial y reclamo energético
En el plano educativo, las provincias exigieron un freno a la lógica de recortes indiscriminados. Si bien reconocieron la necesidad del equilibrio fiscal, fueron tajantes al afirmar que “la educación no puede ser la variable de ajuste”, reclamando fondos previsibles, salarios dignos y recursos para sostener la investigación, la ciencia y las becas universitarias.
La infraestructura vial y el costo de los servicios públicos completaron el mapa de reclamos. A partir de informes gremiales y técnicos que estiman que cerca del 75% de la red vial nacional se encuentra en condiciones regulares o malas, el Parlamento responsabilizó a la Casa Rosada por la parálisis generalizada de la obra pública. Asimismo, en materia energética, exigieron la sanción de una ley de tarifa diferenciada para las provincias de zonas cálidas —bajo el mismo criterio que el régimen aplicado a las zonas frías—, detallando que la canasta de servicios públicos acumuló un incremento del 966% entre diciembre de 2023 y julio de 2026, al punto de que una sola factura de luz llega a representar hasta el 15% de un salario registrado.
Finalmente, en cuanto a la postura sobre Malvinas, el bloque respaldó las declaraciones oficiales de soberanía y la condena a la explotación ilegal de recursos, pero introdujo una advertencia política: exigieron que los anuncios se traduzcan en acciones concretas y no se conviertan en una «maniobra electoral» o en una cortina de humo para mejorar la imagen presidencial. Este endurecimiento de posturas por parte del Norte Grande promete reconfigurar las negociaciones legislativas en el Congreso en el tramo clave de la gestión.
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