Servicios y Construcciones La Banda SRL presentó un recurso de casación contra el fallo que rechazó el traslado de residuos acumulados hace más de una década. La firma denuncia que la Justicia reconoció el daño ambiental pero evitó dar una solución, dejando el pasivo en un estado de inmovilidad absoluta.
La batalla judicial por el pasivo ambiental de Pacará Pintado ha llegado a su instancia definitiva en la provincia. Tras el reciente revés en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL escaló el conflicto hasta la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El planteo es una estocada directa a la lógica del fallo anterior: la empresa sostiene que la Cámara se limitó a decir por qué «no» se puede mover la basura —citando la falta de planes ambientales aprobados—, pero omitió responder la pregunta fundamental de qué hacer con las 18.000 toneladas de residuos que contaminan el predio desde hace 14 años. En este laberinto jurídico, la firma acusa al tribunal de haberle negado pruebas clave para luego sentenciar, contradictoriamente, que la información era insuficiente.
El eje del conflicto radica en una paradoja administrativa que parece no tener salida. Por un lado, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMA) advierte que no se puede trasladar la basura sin un protocolo técnico riguroso; por el otro, el Consorcio Metropolitano (GIRSU) reconoce la deuda ambiental pero no ejecuta el retiro por falta de fondos, los cuales habrían sido desviados a otros fines según testimonios del propio juicio. La abogada Silvia Ana Peyracchia, representante de la empresa, argumenta en el recurso de casación que la sentencia de la Sala II fue «restrictiva y contradictoria». Según la recurrente, el tribunal rechazó producir nuevos informes técnicos de factibilidad para luego usar esa misma carencia de datos como argumento para rechazar la demanda.
La historia de este basural a cielo abierto se remonta a la clausura de la planta en 2010. Lo que en su momento fue un residuo en proceso de tratamiento, hoy es una montaña de 117.000 toneladas (de las cuales 17.943 son el núcleo del reclamo legal) que el GIRSU prometió retirar formalmente en 2014, promesa que nunca cumplió. La empresa subraya que nunca pidió un traslado «a ciegas», sino la fijación de un plazo judicial para que el Estado elabore el plan ambiental que hoy dice no tener. Al no fijar ese plazo, la Justicia habría validado la permanencia indefinida de un foco infeccioso, priorizando formalismos procesales por sobre la resolución del daño ambiental real.
La Corte tucumana tiene ahora en sus manos la oportunidad de sentar doctrina sobre la responsabilidad del Estado en pasivos ambientales. Mientras el expediente viaja a los despachos del máximo tribunal, las toneladas de basura en Pacará Pintado siguen allí, recordándole a la provincia que los limbos judiciales también tienen olor y consecuencias ecológicas.
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