La crisis terminal de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) sumó un capítulo dramático con el suicidio del suboficial mayor Carlos Héctor Velázquez en San Juan. Sin cobertura para su tratamiento oncológico, el veterano denunció el desamparo del Estado antes de quitarse la vida, disparando una ola de indignación y protestas en todo el sector castrense.
El conflicto por la salud militar ha cruzado una frontera de no retorno. El suicidio del suboficial mayor Carlos Héctor Velázquez, de 77 años, no fue solo un acto de desesperación individual, sino una denuncia póstuma contra lo que él mismo calificó como un «genocidio» por omisión. Velázquez, un hombre que dedicó seis décadas al servicio y al aporte previsional, se vio obligado a interrumpir un tratamiento contra un cáncer avanzado debido a la parálisis total de las prestaciones de OSFA. Su muerte, ocurrida tras un primer intento fallido al pie del monumento a San Martín, dejó una carta lapidaria dirigida al presidente Javier Milei y al ministro de Defensa: «Nunca vi que un comandante en jefe abandonara a sus soldados». La tragedia ha catalizado un malestar latente en las filas, que este jueves se tradujo en un histórico abrazo simbólico a la sede sanjuanina de la obra social, donde militares en actividad y retirados exigieron el fin de la desidia estatal ante una deuda que asciende a los $212.000 millones.
La crisis en OSFA es sistémica y profunda. A pesar de un reciente aporte de $80.000 millones por parte de las fuerzas para reducir el pasivo, el servicio sigue cortado en puntos neurálgicos como Córdoba, Mar del Plata y la Capital Federal. Los afiliados denuncian que son tratados como «ciudadanos de segunda», enfrentando copagos astronómicos y turnos a 40 días que, para pacientes oncológicos o con enfermedades crónicas, equivalen a una condena. El desdoblamiento de la obra social dispuesto por el Decreto 88/2026, lejos de traer alivio, ha sembrado más incertidumbre administrativa. En medio de este caos, la renuncia del general Sergio Maldonado tras solo dos meses en el cargo —aunque desvinculada oficialmente del suicidio de Velázquez por las autoridades— expone la fragilidad de una conducción que ya va por su quinto presidente en poco más de dos años.
El nuevo titular de la entidad, el general de brigada Pablo Guillermo Plaza, asume con la misión casi imposible de reconstruir un sistema quebrado. Si bien desde la obra social aseguran que los pagos a prestadores han comenzado, advierten que el impacto no será inmediato por los «procesos administrativos internos». Para los familiares y militares que marcharon en San Juan, el tiempo administrativo es un lujo que no tienen. El reclamo es claro: la reincorporación inmediata de todos los servicios de salud y el cese del abandono jerárquico. Mientras tanto, la figura de Velázquez se ha convertido en un símbolo del costo humano que el ajuste y la mala gestión sanitaria están cobrando en el corazón de las instituciones de seguridad nacional.
La normalización de OSFA es hoy una cuestión de vida o muerte. El Gobierno enfrenta el desafío de demostrar que el mando sobre las Fuerzas Armadas implica, ante todo, no dejar a ningún soldado atrás en el campo de batalla de la salud pública.
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