El máximo tribunal del país rechazó intervenir de manera directa en la demanda que el municipio inició contra la Provincia por el reparto de fondos. La resolución obliga a que el conflicto por el coeficiente de 1991, que Yerba Buena considera obsoleto, deba resolverse primero en los tribunales tucumanos.
La disputa por el federalismo interno en Tucumán regresará a sus raíces judiciales locales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió no hacer lugar a la competencia originaria en la demanda presentada por la Municipalidad de Yerba Buena contra el Gobierno provincial, mediante la cual el distrito busca actualizar un esquema de coparticipación que tiene 35 años de antigüedad. La acción, impulsada originalmente en 2023 bajo la gestión de Mariano Campero, denuncia que el coeficiente del 3,05% asignado al municipio es «anacrónico», ya que se basa en una población que se duplicó y no contempla las nuevas responsabilidades asumidas, como la seguridad, la salud y la educación municipal. Para los magistrados nacionales, el planteo exige una interpretación profunda del derecho público provincial, lo que sitúa la pelota nuevamente en la cancha de la justicia tucumana.
El fallo de la Corte Nacional, alineado con el dictamen de la Procuración Fiscal, sostiene que el respeto a las autonomías provinciales exige que los jueces locales sean los primeros en intervenir. El argumento de Yerba Buena es contundente en términos de cifras: el municipio pasó de 34.000 habitantes en 1991 a más de 70.000 en el último censo, convirtiéndose en el segundo distrito más perjudicado por el actual derrame de fondos, solo detrás de San Miguel de Tucumán. Según el escrito de 57 páginas que inició el proceso, la provincia estaría vulnerando la autonomía económica y financiera garantizada por la Constitución Nacional al obligar a la ciudad a financiar servicios críticos (como la Guardia Urbana o la gestión de residuos) con recursos calculados para una realidad demográfica que ya no existe.
Desde el plano político, la derivación del caso a la justicia tucumana representa un desafío para la actual administración municipal y un alivio momentáneo para la Casa de Gobierno. Mariano Campero, ahora diputado nacional, ratificó que la causa no se detendrá y que buscarán que los tribunales provinciales reconozcan la brecha del 1,53% que, según sus cálculos, se les adeuda por goteo coparticipable. El caso promete ser un «Leading Case» en la provincia: una sentencia favorable a Yerba Buena podría abrir la puerta a reclamos similares de otros municipios en crecimiento, obligando a una reforma integral de la Ley de Coparticipación provincial, una discusión que el poder central tucumano ha intentado evitar durante décadas.
Yerba Buena deberá ahora litigar «de local». La resolución final no solo definirá el presupuesto de la «Ciudad Jardín», sino que pondrá a prueba la independencia del fuero contencioso administrativo tucumano frente a un reclamo que cuestiona el corazón de la caja política provincial.
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