Mientras el máximo tribunal recibe el expediente que definirá el futuro de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno intenta disimular una fractura interna expuesta. Entre la «paz artificial» de Karina Milei y Patricia Bullrich, y el avance de causas judiciales que salpican al entorno presidencial, la gestión queda supeditada a los tiempos de la Justicia.
La suerte del programa económico y la paz social de Javier Milei han comenzado a subir las escaleras del Palacio de Tribunales. Tras la masiva movilización federal, la Corte Suprema ya tiene en sus manos el amparo de los rectores que exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En la Casa Rosada, la estrategia es la dilación; confían en que, sin plazos legales para que Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz se pronuncien, el «no hay plata» pueda sostenerse un tiempo más. Sin embargo, este frente externo no es el único que acecha al Presidente. Puertas adentro, la mesa política intenta sostener una tregua frágil entre las figuras más fuertes del gabinete, en un escenario donde las filtraciones detalladas de las reuniones de trabajo y los reproches cruzados por el «riesgo político» han dejado de ser rumores para convertirse en el motor de la gestión.
El clima en Balcarce 50 se describe como una «paz artificial». La reciente foto de unidad entre Karina Milei y Patricia Bullrich busca sepultar —al menos públicamente— la disputa por el patrimonio de Manuel Adorni, quien enfrenta un complejo frente judicial en Comodoro Py. El jefe de Gabinete, desgastado por el proceso, ha pasado de ser el vocero estrella a un mediador necesario entre el «karinismo» y el sector de Santiago Caputo. Esta interna, bautizada como el «superclásico libertario», sumó un nuevo capítulo con la designación de Sebastián Pareja en la Bicameral de Inteligencia, un movimiento interpretado como un golpe directo contra la estructura del asesor Caputo, cuya pelea personal con el juez Rosatti ya es pública en las redes sociales.
Mientras la cúpula se disputa cuotas de poder, la realidad de los expedientes avanza. La auditoría sobre la ANDIS, que investiga sobreprecios del 1000% en insumos médicos bajo la gestión de Diego Spagnuolo, proyecta sombras sobre el entorno más íntimo de la hermana presidencial. A esto se suma un manejo presupuestario que genera fricciones: mientras algunos ministros se desayunaron por el Boletín Oficial recortes drásticos en salud y educación, el Gobierno liberó partidas millonarias para el Consejo de la Magistratura y equipos de computación para la Corte. En el oficialismo saben que, en la Justicia, «todo lo pesado sube», y hoy el peso de la gobernabilidad descansa en un cuarto piso de la calle Talcahuano, donde tres jueces decidirán si el ajuste tiene límites legales.
El Gobierno de Milei enfrenta su hora más ambivalente. Con la motosierra operando sobre el sistema público y una interna que erosiona la confianza entre sus propios cuadros, la mirada está puesta en el cuarto piso de Tribunales. Si la Corte decide que el financiamiento universitario es ley vigente, el «equilibrio fiscal» de Caputo enfrentará un test de estrés que ninguna reunión de gabinete, por más vehemente que sea, podrá resolver.
Acerca del autor
