La ministra de Educación se reunió con legisladores para pulir la letra chica de la ley impulsada por Osvaldo Jaldo. El oficialismo busca saldar un déficit crítico: casi el 30% de los alumnos con discapacidad en escuelas comunes tucumanas no recibe ningún tipo de apoyo escolar. Objeciones gremiales y el debate por el presupuesto.
El proyecto de Ley de Educación Inclusiva para Estudiantes con Discapacidad ingresó en su etapa de definiciones en la Legislatura de Tucumán, en medio de un complejo escenario de consensos políticos y fuertes resistencias técnicas. Tras un extenso encuentro con el vicegobernador Miguel Acevedo y miembros de la Comisión de Educación, la ministra Susana Montaldo reconoció con pragmatismo que existen marcadas disconformidades entre los sectores civiles y profesionales, pero ratificó la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar hacia la redacción de una versión definitiva de la norma. El corazón de la reforma busca modificar de raíz el sistema de integración escolar en la provincia para saldar una deuda estructural urgente: según datos estadísticos oficiales del Ministerio de Educación, actualmente el 28,18% de los 9.502 alumnos con discapacidad incluidos en escuelas comunes tucumanas asiste a clases sin ningún tipo de acompañamiento pedagógico, una cifra que se dispara al 38,49% en el nivel primario.
La iniciativa enviada por el gobernador Osvaldo Jaldo plantea un giro hacia el «Modelo Social de la Discapacidad», priorizando la autonomía del estudiante en el aula común por sobre los esquemas de aislamiento. El punto más disruptivo de la ley—y el que genera mayor debate de costos— es la incorporación de los Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI) a la planta orgánica funcional (POF) de los establecimientos educativos. Esto les otorgará estabilidad laboral bajo el Estatuto del Docente y, fundamentalmente, aliviará a las familias de la pesada carga financiera de contratar profesionales privados de forma particular o tener que recurrir a largas batallas judiciales con las obras sociales. Sin embargo, para regular esta transición, el texto oficial busca limitar la figura tradicional del «maestro sombra» individual, argumentando que una dependencia permanente puede volverse segregadora y frenar el desarrollo del niño, una postura que encendió las alarmas de fundaciones como Down Is Up y Corazón de Madre, quienes exigen precisiones para evitar que los estudiantes queden desprotegidos.
La resistencia al proyecto también sumó voces desde los sectores profesionales y la oposición parlamentaria. El Colegio de Psicólogos de Tucumán calificó la inclusión de los DAI como una medida «necesaria pero insuficiente», advirtiendo sobre el riesgo de una grave sobrecarga en las tareas del docente de grado si el Estado provincial no garantiza en paralelo el financiamiento de equipos interdisciplinarios y técnicos externos de respaldo. En la arena política, el legislador opositor José Cano sembró dudas respecto a la viabilidad de la reforma en el contexto macroeconómico de mayo de 2026. Cano advirtió que aplicar la ley de forma apresurada, sin un presupuesto explícito para infraestructura escolar adaptada y salarios profesionales, podría terminar provocando un escenario de «exclusión encubierta» dentro del propio sistema público.
Pese a las críticas, el oficialismo se muestra alineado para emitir dictamen. Desde la Comisión de Educación, presidida por Aldo Salomón, y con el respaldo gremial de ATEP, confían en que la permanencia de los docentes de apoyo durante toda la jornada escolar será el puente para unificar posturas. Para la Casa de Gobierno, la ley es una prioridad de gestión: el reto de la Legislatura será demostrar que el texto final es una herramienta de transformación real y no una declaración de buenas intenciones archivada por falta de fondos.
Radiografía del sistema educativo especial en Tucumán
- Población escolar: 9.502 alumnos con discapacidad integrados en escuelas comunes.
- La brecha de apoyo: 2.678 niños y adolescentes (28,18% del total) no cuentan con asistencia profesional en el aula.
- Nivel crítico: En la escuela primaria, el desamparo de acompañamiento alcanza al 38,49% de los estudiantes matriculados.
- El cambio laboral: Los Docentes de Apoyo (DAI) dejarán de ser contratados externos y pasarán a integrar la planta orgánica de las escuelas.
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