A través de la Resolución General 5848/2026, el organismo recaudador reglamentó el nuevo Formulario 984. Los empleadores podrán generar el documento del Artículo 80 de la LCT vía Clave Fiscal y los trabajadores lo descargarán de forma autónoma. El impacto en los juicios laborales.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio un paso clave en la desburocratización del mercado de empleo al oficializar la digitalización del certificado de trabajo contemplado en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General 5848/2026, el Gobierno nacional reglamentó uno de los capítulos pendientes de la reforma laboral. La medida transforma de raíz un trámite que, históricamente, representaba dolores de cabeza, demoras administrativas y una de las principales fuentes de litigiosidad y multas económicas para las empresas al momento de finalizar una relación laboral. A partir de ahora, el documento físico en papel dejará de ser obligatorio y convivirá con un formato digitalizado y automatizado con trazabilidad directa.
El nuevo esquema operativo se gestionará a través del formulario 984, el cual los empleadores podrán confeccionar desde la plataforma «Simplificación Registral» de ARCA utilizando su Clave Fiscal (nivel 2 o superior). El sistema valida la identidad del aportante de forma automática, eliminando la exigencia de una firma digital compleja. Por su parte, el empleado ya no dependerá de la voluntad o los tiempos de la empresa para hacerse con el papel: podrá ingresar de forma autónoma al servicio web «Trabajo en Blanco» y descargar el documento desde cualquier dispositivo móvil. Para los asesores tributarios, la automatización supone una mejora sustancial ya que ARCA confecciona el formulario cruzando instantáneamente las bases de datos de las altas, las bajas, las liquidaciones mensuales de sueldos y las declaraciones juradas de cargas sociales.
Sin embargo, los especialistas en la materia encienden algunas luces amarillas respecto a la transición. Para los contratos que se iniciaron antes de julio de 1994 (período previo a la digitalización de los registros del SIJP), las empresas deberán seguir confeccionando una constancia manual basada en sus libros de sueldos históricos para complementar el trámite. Asimismo, la eficacia del certificado digital está sujeta a que el empleador haya declarado correctamente la información a lo largo de los años. Si existen fallas, errores en los haberes o deudas previsionales, el formulario reflejará esas inconsistencias. Si bien el trabajador dispondrá de un «Buzón de Observaciones» en la web para denunciar anomalías, la rectificación final dependerá exclusivamente de que la firma regularice su situación registral ante el fisco.
La digitalización no elimina la informalidad de fondo, pero le quita un peso muerto de papelería al sector privado y agiliza los tiempos de los trabajadores que necesitan acreditar sus aportes para futuros empleos o trámites jubilatorios. En un contexto de reforma económica integral, el viejo certificado de trabajo en papel se encamina a ser una pieza de museo previsional.
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