El Ministerio de Desregulación presentará en el Congreso el borrador que elimina el título universitario obligatorio y liberaliza las comisiones por completo. Fuerte rechazo del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, que reflota un archivo de Patricia Bullrich para sembrar dudas sobre la seguridad jurídica del proyecto.
El Gobierno nacional, bajo la conducción técnica del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se prepara para enviar al Congreso de la Nación durante el mes de junio un ambicioso y polémico proyecto de ley enfocado en la desregulación absoluta del mercado inmobiliario. La iniciativa apunta a reformular de raíz las bases del corretaje y la intermediación de bienes raíces en la Argentina, promoviendo la eliminación de la matrícula obligatoria y permitiendo el libre pacto de honorarios. La ofensiva oficialista desató un inmediato estado de alerta y movilización en las corporaciones profesionales y los colegios de martilleros de todo el país, al tiempo que reabrió una inesperada grieta ideológica dentro del propio espacio gobernante debido a los archivos técnicos de la actual administración.
El núcleo del debate radica en la confrontación de dos visiones irreconciliables sobre el funcionamiento del comercio. Por un lado, la gestión de Sturzenegger argumenta que el sistema de colegiaturas obligatorias opera como una «barrera artificial de entrada» que encarece los costos de transacción para los ciudadanos y limita de manera indebida la libre competencia. En la vereda opuesta, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI) —entidad que nuclea a 35 colegios provinciales y representa a más de 40.000 matriculados— sostiene que la intermediación no es un simple acto mercantil, sino una función civil sensible que involucra la seguridad patrimonial de las familias.
En medio de la escalada discursiva, los colegios profesionales hicieron circular un posicionamiento de la ministra de Seguridad y senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, correspondiente a la campaña de 2023. En aquel encuentro con directivos de COFECI, Bullrich defendió de forma explícita el rol del corredor matriculado como el único eslabón capaz de «dar confianza y garantizar el éxito de una transacción», calificando a las entidades de control como «esenciales» para el ordenamiento del mercado. Este contraste expone ruidos en la homogeneidad doctrinaria del oficialismo a las puertas del debate parlamentario.
Modelos en Pugna: Desregulación vs. Sistema Colegiado (Junio 2026)
| Variables del Mercado | El Proyecto de Sturzenegger (CAMESI) | La Postura de los Colegios (COFECI / FIRA) | Impacto Potencial en la Operación |
| Acceso a la Profesión | Eliminación del título universitario y de la matrícula obligatoria. Apertura a personas humanas y jurídicas. | Exigencia estricta de carrera de grado, matriculación obligatoria por provincia y control ético. | El oficialismo busca pulverizar los monopolios sectoriales; los colegios alertan por desprotección. |
| Fijación de Comisiones | Liberalización total. Honorarios sujetos al libre acuerdo entre las partes sin techos ni pisos legales. | Regulación por leyes provinciales con topes máximos y aranceles de referencia fijos. | El Gobierno proyecta una baja de costos por competencia; los martilleros temen precarización. |
| Plataformas Digitales | Habilitación explícita del corretaje mediante apps, entornos virtuales y firmas electrónicas transversales. | Regulación tradicional atada al domicilio físico y al control territorial del matriculado. | La tecnología pasa a ser el eje de validación reputacional, desplazando el sello burocrático. |
Desde la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), presidida por Mariano García Malbrán, salieron a respaldar el borrador oficialista asegurando que la transparencia del mercado moderno ya no la garantiza un sello de goma, sino la reputación digital y los seguros de responsabilidad civil. De prosperar la iniciativa de Sturzenegger, las plataformas tecnológicas adquirirán un marco legal pleno para disputar el negocio de las franquicias y las oficinas tradicionales.
La desregulación inmobiliaria promete convertirse en una de las batallas legislativas más complejas del invierno de 2026. Al atacar el corazón de las colegiaturas profesionales, el Poder Ejecutivo no solo desafía un andamiaje legal de décadas, sino también el federalismo judicial que rige sobre las profesiones liberales. Mientras los defensores de la reforma auguran un mercado más ágil, dinámico y económico para el consumidor final, los sectores tradicionales advierten que una apertura descontrolada del sistema sembrará un escenario de informalidad, fraudes y desamparo legal en el acto económico más importante en la vida de un ciudadano: la compra de su vivienda.
Acerca del autor
