En una sesión marcada por la transversalidad de los reclamos, parlamentarios tucumanos repudiaron las restricciones a la prensa en Casa Rosada, el desguace del INTI y la eliminación de programas sociales. Desde el peronismo hasta Fuerza Republicana, el arco político local advirtió sobre el daño estratégico y social de las medidas de Javier Milei.
La Legislatura de Tucumán se convirtió este lunes en una caja de resonancia del malestar federal frente al rumbo de la administración nacional. Tras retomar el cuarto intermedio, el cuerpo legislativo —bajo la conducción de Miguel Acevedo— habilitó un debate donde convivieron críticas de sectores antagónicos unidos por la preocupación ante el avance de la «motosierra». Los planteos recorrieron tres ejes críticos: la calidad institucional, golpeada por las trabas al periodismo en Casa Rosada; la soberanía tecnológica, puesta en jaque por los despidos en el INTI; y la paz social, amenazada por la quita de planes que dejaría a 55.000 tucumanos sin sustento. En un recinto donde el oficialismo provincial suele ser cauteloso, las voces se elevaron para denunciar lo que definieron como una matriz de «odio y confrontación» que busca disciplinar al interior.
Uno de los momentos más singulares del debate fue la coincidencia entre José Cano y Ricardo Bussi al repudiar el cercamiento a la prensa acreditada en Casa Rosada. Bussi, históricamente cercano a las ideas de derecha, utilizó una comparación drástica para subrayar el deterioro democrático: recordó que incluso durante la dictadura de Videla o el kirchnerismo se mantenían canales de información básica. El rechazo a la opacidad oficialista fue unánime, bajo la premisa de que «gobernar es informar». Sin embargo, el impacto económico fue el que mayor tensión generó en las bancas oficialistas, con el legislador Ernesto Gómez Rossi advirtiendo que la eliminación del programa «Volver al Trabajo» drenará $4.300 millones mensuales del circuito comercial de Tucumán, agravando la recesión local.
La defensa del sistema científico también tuvo su capítulo con Silvia Elías de Pérez, quien denunció el «desguace» del INTI. La legisladora radical advirtió que quitarle soporte técnico a las pymes mientras se abre la economía es condenarlas al cierre, recordándole al Gobierno que un país sin ciencia no tiene futuro competitivo. El cierre del debate, en manos de Roque Álvarez (PJ), fue la síntesis del clima legislativo: calificó las medidas de Milei como una persecución a todo lo que «molesta», desde los sectores vulnerables hasta los científicos, y alertó sobre una política exterior que busca reducir a la Argentina a ser el «furgón de cola» de las potencias, desatendiendo las necesidades del Norte Grande.
La Legislatura tucumana envió así un mensaje político de unidad en la diversidad, marcando límites a una gestión nacional que, a ojos de los representantes locales, está priorizando el equilibrio fiscal por sobre la cohesión social y el desarrollo productivo de las provincias.
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