Una entrevista con la psicóloga Lourdes García Posse sobre los riesgos de criminalizar a las madres protectoras y la necesidad de redes comunitarias contra la pedofilia.
En el complejo escenario de la lucha contra el abuso sexual infantil y la violencia de género, ha emergido una contraofensiva discursiva que la psicóloga Lourdes García Posse define como una «tecnología de la impunidad». La integrante de la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual denunció que el lobby para aumentar las penas por supuestas «falsas denuncias» no es una búsqueda de justicia, sino una estrategia de disciplinamiento. Este avance busca desacreditar de forma sistemática tres pilares: la palabra de las infancias, el testimonio de las madres protectoras y la validez técnica de los informes psicológicos. Para la especialista, instalar la sospecha sobre la buena fe de quien denuncia —en una etapa donde el abuso ya es un delito de difícil prueba por ocurrir en el ámbito privado— constituye una trampa de sentido que intenta devolver a las víctimas al silencio y la invisibilidad.
El trasfondo de esta problemática radica en el desplazamiento de la carga de la sospecha. Según Posse, la justicia actual tiende a investigar más al entorno protector que al propio acusado, ignorando que el trauma psicológico posee indicios científicos que van más allá de la palabra verbalizada. El discurso de las «falsas denuncias» se apoya en mitos y síndromes desacreditados (como la alienación parental) para desestimar intervenciones profesionales, ocultando que la falta de condenas en el fuero penal no es sinónimo de inexistencia del hecho, sino muchas veces de las limitaciones del sistema para probar delitos que ocurren bajo amenaza y en la intimidad. En lugar de endurecer penas para los denunciantes —cuando la figura de falso testimonio ya está legislada—, el foco debería estar en combatir el grooming y garantizar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales.
Desde una perspectiva propositiva, la psicóloga tucumana enfatiza que el conocimiento sobre el trauma no puede ser una «especialidad opcional», sino una base obligatoria en la formación de abogados, médicos, psicólogos y comunicadores. La propuesta es un cambio de paradigma: pasar del escrutinio de la víctima al análisis técnico de los sospechosos, incluyendo el peritaje de dispositivos electrónicos, dado que la pedofilia suele dejar rastros documentales. La construcción de redes comunitarias y la pedagogía social aparecen como las herramientas fundamentales para combatir la desinformación de los «observatorios de impunidad» y proteger los derechos consagrados por la Convención Internacional del Niño, hoy amenazados por este retroceso discursivo.
La advertencia es clara: cuando denunciar se convierte en un riesgo legal para la víctima o su entorno, la impunidad se institucionaliza. Sostener la voz de las infancias es, en última instancia, una cuestión de salud mental comunitaria y de integridad democrática.
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