El envío de la reforma de la Ley 26.657 al Senado —con las firmas de Javier Milei y sus ministros de Salud y Justicia— reaviva una disputa histórica entre el «garantismo comunitario» y el «pragmatismo clínico». La propuesta, que busca facilitar las internaciones involuntarias y devolver centralidad al médico psiquiatra, enfrenta duras críticas de sectores que denuncian un desfinanciamiento encubierto y el retorno al modelo de encierro.
Tras quince años de vigencia, la Ley de Salud Mental se encamina a una transformación radical que ya genera ruidos en el bloque oficialista y resistencias en el ámbito académico. El proyecto del Ejecutivo no solo altera el léxico técnico —reemplazando «padecimiento» por «afección o trastorno»—, sino que redefine el criterio de internación forzosa: se abandona el «riesgo cierto e inminente» por una figura más laxa de «riesgo grave de daño». Este cambio, defendido por la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) como un antídoto contra el «abandono estatal», es visto por ex funcionarios y especialistas en derechos humanos como una puerta abierta a la discrecionalidad y a la permanencia de los hospitales monovalentes.
La arquitectura de la reforma se apoya en tres pilares que alteran el equilibrio de poder en el sistema sanitario:
- Facilitación de la internación: El cambio en el Código Civil busca evitar que las familias y médicos «esperen la tragedia» para actuar. Para referentes como Ricardo Corral (AAP), se trata de aplicar una lógica médica similar a la cardiología. Sin embargo, para voces como la de Luciano Grasso, esto ignora que el problema actual no es la ley, sino la falta de dispositivos intermedios que eviten que el paciente llegue a la crisis aguda.
- Rejerarquización del Psiquiatra: La obligatoriedad de que un psiquiatra firme la internación intenta devolver «racionalidad clínica» al proceso. No obstante, en el interior del país —como denuncian especialistas de Neuquén—, la escasez de estos profesionales podría convertir este requisito en un cuello de botella que paralice la atención en zonas alejadas.
- Recorte al Órgano de Revisión: El proyecto propone limitar las funciones de este cuerpo, eliminando su capacidad de denunciar a jueces ante el Consejo de la Magistratura o proponer reformas legislativas. Además, desplaza a las organizaciones de DD.HH. para dar lugar a asociaciones de profesionales y familiares, lo que se interpreta como un giro hacia un modelo tutelar.
La verdadera grieta, sin embargo, sigue siendo la económica. Expertos como Hugo Cohen advierten que el problema no es la norma de 2010, sino el incumplimiento sistemático de su financiamiento. Al no establecer un piso de inversión obligatorio para las provincias ni asegurar transferencias condicionadas desde Nación, la reforma corre el riesgo de ser una nueva «declaración de deseos» sin respaldo presupuestario. El Senado se convierte así en el escenario de un debate que deberá decidir si la solución a la brecha de atención (que hoy deja a un 70% de la población sin tratamiento) es abrir más camas en hospitales especializados o, finalmente, financiar los centros comunitarios que la ley actual exige desde hace década y media.
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